Gobierno admite responsabilidad en el genocidio de la Unión Patriótica

En un acto público realizado en el Palacio de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad del Estado en la oleada de sangre que llevó a la desaparición del partido Unión Patriótica.

El reconocimiento llega 30 años después en que paramilitares y agentes estatales realizaron el peor genocidio político de Colombia,  cuando en medio de una completa impunidad y del silencio de los partidos políticos y medios de comunicación, realizaron una campaña de terror y muerte contra los principales líderes e integrantes de la UP que fueron cayendo asesinados uno a uno.

Durante el acto con la Unión Patriótica el Presidente Juan Manuel Santos no sólo reconoció que «esa tragedia jamás debió haber ocurrido» sino que aceptó la responsabilidad de Estado en los hechos.

Asimismo describió la persecución de los miembros de la UP como una tragedia «que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia«.

Estas fueron las palabras del Presidente Santos en acto con la Unión Patriótica:

“El pasado 24 de agosto concluyó la negociación en La Habana del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera. 

Después de tantos años de guerra, ¿quién de nosotros imaginó que presenciaría el fin del conflicto?

Es la mejor noticia de nuestras vidas y es, sobre todo, la mejor noticia para las futuras generaciones. Para nuestros hijos, para nuestros nietos.

Pero con esta noticia recae también sobre nuestros hombros –sobre mis hombros– una gran responsabilidad.

Enfrentamos ahora la enorme tarea de la implementación. El verdadero proceso de paz comienza ahora, con la firma del Acuerdo.

Y vamos a cumplir. Porque de eso se trata este proceso: no de firmar un documento, sino de poner en marcha las reformas y las transformaciones que nos garanticen una paz estable y duradera.

De construir la paz entre todos en las regiones y los territorios de nuestro país.

Esa responsabilidad incluye, de manera central, una respuesta amplia y genuina a los derechos de las víctimas, como dice el capítulo del Acuerdo que lleva su nombre.

Una respuesta a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, por supuesto. Y también a su derecho a la no repetición.

Ese es el tema que nos convoca hoy: las garantías de no repetición.

Todo el Acuerdo Final está construido sobre una lógica de no repetición, comenzando por el fin mismo del conflicto, que sin duda es la mayor de las garantías. 

Nosotros, como gobierno, tenemos que cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y –muy especialmente– que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil, sea víctima de la violencia. 

Es en este momento histórico de nuestro país –cuando encaramos el futuro con tanta esperanza–, en el que tenemos que mirar hacia atrás y recordar y reconocer la tragedia de la Unión Patriótica –que el Consejo de Estado ha calificado como exterminio–.

Porque la persecución de los miembros de la UP fue eso: una tragedia que conllevó su desaparición como organización política y causó un daño indecible a miles de familias y a nuestra democracia.

Esa tragedia jamás debió haber ocurrido.

Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha. 

No podemos permitir que se vuelva a repetir la violencia sistemática en contra de los miembros, militantes y sobrevivientes de la Unión Patriótica, que conllevó la violación de múltiples derechos de sus miembros, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, a la libertad – incluyendo a la libertad de expresión y de asociación–, los derechos políticos, a la libre circulación, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y, en general, a la igualdad.

Y esa es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del Estado dar todas las garantías posibles para que eso no vuelva ocurrir, incluyendo la garantía de que sus agentes y la sociedad en general se abstengan de la estigmatización que tanto contribuyó a la violencia contra la UP.

Me comprometo solemnemente hoy ante ustedes a tomar todas las medidas necesarias y a dar todas las garantías para que nunca más en Colombia una organización política vuelva a enfrentar lo que sufrió la UP. 

Si estamos en medio de una transición a la paz –que es una transición política–, debemos asegurar que todos quienes participan en política, incluido el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC a la legalidad, tengan plenas garantías y absoluta libertad para manifestar sus opiniones políticas y ejercer la política en todo el territorio nacional.

Insisto: la persecución y la tragedia de la Unión Patriótica –que, como ya dije, el Consejo de Estado en sus fallos ha calificado como exterminio– no se pueden volver a repetir.

Tampoco olvidemos que hoy Colombia es diferente. Hoy nuestra fuerza pública tiene todas las capacidades para enfrentar todos los fenómenos delincuenciales que quieran poner en riesgo el fin de cinco décadas de guerra con las FARC.

Como lo dije hace unos días, lo que le sucedió a la Unión Patriótica siempre ha estado presente entre nosotros y no lo vamos a olvidar. Por el contrario, debemos esclarecer plenamente lo ocurrido. 

El Acuerdo Final establece instrumentos que contribuirán a ese esclarecimiento, como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Como lo he dicho en otras ocasiones –y ahora se hace más vivo con el Acuerdo Final–, la paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades y hacer el máximo esfuerzo posible para responderles a las víctimas.

Reconocemos y acompañamos el dolor de todas las víctimas, sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica.

Estos padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, trabajadores, luchadores que se comprometieron valientemente con un proyecto político y tenían sueños de una Colombia mejor, una Colombia más incluyente, deben hoy inspirar nuestro compromiso para construir el país que todos queremos.

Quiero también hacer un reconocimiento de la valentía y perseverancia de los miembros, militantes y sobrevivientes del partido político de la Unión Patriótica, y su aporte a la democracia en un momento histórico de apuesta por la paz en el país.

Quiero reconocer el lugar de la Unión Patriótica en la construcción de la paz; en especial su valioso aporte como partido político a una democracia más abierta, más pluralista y más transparente, donde tienen cabida todos los  pensamientos e ideas que se expresen en democracia.

Muchas gracias.”