El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que Colombia debe insistir en que sea extraditado a su país desde Estados Unidos el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien tiene nacionalidad colombiana e italiana.
“Estados Unidos se compromete a deportar a Mancuso a más tardar el 4 de septiembre. Al parecer será a Italia. Las autoridades colombianas deben urgentemente redoblar sus esfuerzos para extraditarlo al país y someterlo a la justicia”, indicó Vivanco mediante sus redes sociales.
Vivanco se pronunció luego de que algunos medios de comunicación colombianos afirmaran que un juez federal en Estados Unidos aceptó los argumentos de los abogados de Mancuso para facilitar su deportación a Italia, en vez de su extradición a Colombia.
En Colombia se ha acusado al Gobierno de Iván Duque de enviar adrede solicitudes defectuosas con el fin de evitar la extradición de Mancuso a Colombia. Mancuso tendría información que involucraría a Álvaro Uribe, políticos y empresarios con los grupos paramiliateres que causaron alrededor de 50.000 muertes en Colombia.
La Cancillería de Colombia afirmó, antes de que se confirmara la deportación de Mancuso a Italia que ha adelantado todas las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de extradición.
“El Gobierno Nacional (…) ha adelantado todas las gestiones necesarias para presentar las solicitudes de extradición que contra el señor Mancuso Gómez han sido ordenadas por la Rama Judicial y para otorgar toda la información que se ha requerido por las autoridades estadounidenses con miras a que estas solicitudes sean resueltas de manera favorable”, indicó el comunicado de la Cancillería colombiana, que destacó, a su vez, que se han presentado cuatro solicitudes de extradición contra el excomandante paramilitar.
En 2015, un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Mancuso a 14 años de prisión por su rol en el tráfico internacional de drogas. En marzo de 2020 cumplió su condena.
A Mancuso se le atribuyen varias masacres en Colombia, como la de Mapiripán (1997) y El Aro (1997), que dejaron un total de 35 campesinos asesinados; y las de La Gabarra (1999) y El Salado (2000), en las que murieron 35 y más de 100 personas, respectivamente.
En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y a otros 13 comandantes paramilitares para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.
Los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron enviados al país norteamericano luego de que la Corte Constitucional de Colombia dictaminara que los paramilitares debían decir la verdad sobre sus crímenes y cómplices si querían recibir sentencias reducidas bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005.
Agosto 27 de 2020