Hasta el 27 de enero el Fondo para la Reparación de Víctimas estará realizando la entrega de indemnizaciones judiciales a 8.287 víctimas de tres grupos paramilitares cuyo valor ascenderá a 27.000 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares) en bienes entregados por estos grupos.
Se trata de un proceso que comenzará el jueves 29 de diciembre en la ciudad de Santa Marta y que implicará a más de 8.000 víctimas de los bloques paramilitares de Central Bolívar, Mineros y Libertadores del Sur, después de que éstas fueran ordenadas mediante sentencias judiciales dentro del marco de Justicia y Paz, ley vinculada a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el mayor grupo paramilitar de Colombia y el más sanguinario del conflicto armado.
Pare del valor de la indemnizaciones saldrá, tanto de los presupuestos del Estado -3.300 millones de pesos (casi 700.000 dólares)- como de recursos propios del fondo adquiridos a través de los bienes incautados y entregados por los integrantes de los grupos paramilitares que ascienden a 23.770 millones de pesos (5 millones de dólares).
Se trata de la primera distribución de recursos propios del Fondo de Víctimas desde 2019 y los indemnizados lo serán por más de 10.000 hechos victimizantes, incluidos desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura y violencia sexual.
En los actos de entrega de las indemnizaciones judiciales también se realizarán actividades de reconocimiento y dignificación de víctimas, acompañamientos psicosociales y asesorías sobre cómo invertir adecuadamente los recursos para que tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida, según explicó hoy en un comunicado la Unidad de Víctimas.
Por su parte la Fiscalía explicó que en 2022 se realizó la mayor entrega al Fondo de Víctimas de bienes incautados a estructuras paramilitares extintas y destinados para las víctimas desde que se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, vinculado a la desarticulación de las AUC. En total se entregaron 329 bienes que están valorados en 391.032 millones de pesos (unos 82,8 millones de dólares), según el balance de la Fiscalía.
Las AUC se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y como parte del acuerdo los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero muchos de los líderes acabaron extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico y otros crímenes.
EFE