El glifosato es un herbicida que ha causado gran controversia, luego de que la UE autorizara su uso en 2017 por cinco años más, a pesar de que la OMS indicara en un reporte que el químico podría ser cancerígeno.
La Justicia europea sentenció que el público tiene derecho a acceder a los estudios sobre el controversial herbicida glifosato, con lo que anula así dos resoluciones de una agencia europea que denegaban el acceso a unos informes.
«Se anulan las resoluciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) por las que se deniega el acceso a los estudios de toxicidad y de carcinogenicidad de la sustancia activa glifosato«, indicó el Tribunal General de la Unión Europea (UE) en un comunicado.
Estos estudios se encuentran en el centro de la polémica que sacudió el bloque a fines de 2017, cuando los 28 países europeos, tras dos años de intensos debates, autorizaron por cinco años más el uso del glifosato pese a la fuerte campaña en contra lanzada por organizaciones no gubernamentales.
Podría ser cancerígeno
Los opositores alegaban que, en mayo de 2015, el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó en un estudio que este compuesto tiene un «probable (efecto) cancerígeno».
Pero la Comisión Europea defendió la decisión de renovar la licencia apoyándose en informes de la EFSA y de la Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA), que descartaron sus efectos cancerígenos con base en varios estudios, algunos de empresas privadas.
Divulgación de estudios tienen un «interés público superior»
No obstante, la primera de las agencias rechazó las solicitudes de acceso a su informe, una de ellas formulada por eurodiputados, al defender que no existía un interés público que lo justificase. Además, adujo que la divulgación podía perjudicar los intereses comerciales de las empresas participantes.
Tras examinar dos recursos presentados contra las denegaciones, el tribunal con sede en Luxemburgo falla que no se puede justificar «su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales«, apunta el comunicado.
«Los estudios solicitados deben considerarse información (referente) a emisiones al medio ambiente'» y su divulgación reviste «de un interés público superior«, agregó la corte.
Marzo 8 de 2019