La desobediencia civil

Por Ángel Humberto Tarquino

Los ciudadanos saben que para avanzar en el desarrollo y la modernización del municipio, se requiere de recursos económicos, y parte de ellos provienen de diferentes fuentes como el impuesto predial, industria y comercio, así como de la ampliación de la base gravable. Los ciudadanos tampoco controvierten la importancia del Catastro Multipropósito como herramienta para organizar, planear, fortalecer y financiar el ordenamiento territorial y el desarrollo de la ciudad

Los ciudadanos saben que se requiere identificar periódicamente nuevas actividades económicas y el desarrollo urbano para ser objeto de gravámenes que generen ingresos y finanzas para realizar obras y avanzar en el desarrollo. Los ciudadanos no se oponen a que las grandes propiedades y lotes de engorde sean objeto de ajustes a los tributos como tampoco se oponen a que las contribuciones fiscales sean distribuidas proporcional y equitativamente, con justicia social, de acuerdo a los avalúos, ingresos y utilidades de unos y otros.

Saldarriaga ha justificado el desproporcionado aumento adjudicándole la responsabilidad a las anteriores administraciones, y en eso tiene toda la razón. Esos gobiernos, por acción y omisión, dejaron de cumplir en su momento con sus obligaciones administrativas de gestión fiscal eficiente para realizar las actualizaciones correspondientes conforme a las normas, sobre todo, conforme a las necesidades que surgían del desordenado crecimiento urbano del municipio.

Saldarriaga ha evitado responsabilizar de la crisis fiscal del municipio a su coalición en el Concejo para lograr la aprobación de la creación de la empresa catastral, el aumento de las tarifas del impuesto predial, el acuerdo de “alivios tributarios por pronto pago” y el impuesto a la telefonía celular.

En el reciente pasado, la mayoría de los actuales concejales “pasaron de agache” esa tarea ante el temor de los costos políticos que les pudiera significar para su carrera. Hoy, buena parte de esa misma mayoría cobrarán excelentes dividendos, y los nuevos le apostarán a mantener la curul al precio y al riesgo que sea.

Lo que cuesta trabajo admitir, y se debe rechazar, es que la polémica “actualización” se haya realizado en tiempo récord y a un elevado costo con los resultados ya conocidos. Tampoco es admisible que los métodos y procedimientos, así como otros criterios empleados en la actualización, se hayan hecho desconociendo principios y criterios de equidad social, igualdad, equilibrio y proporcionalidad, trasgrediendo normas legales vigentes.

Paradójicamente, la actualización recayó sobre un alto porcentaje de los predios de los sectores más pobres y numerosos de los estratos 1 y 2 de la ciudad (50.431 predios) y (87.574 predios) del estrato 3, es decir más del 50% del total de los predios afectados por la medida, mientras poco o nada se sabe sobre la actualización de las contribuciones fiscales que deberán pagar las grandes empresas del mercado inmobiliario en el municipio, el comercio formal de grandes superficies, el sector financiero, el sector industrial y manufacturero y otras actividades económicas, que tradicionalmente han gozado de exenciones y privilegios, mientras se gravan onerosamente las rentas de pequeños, medianos comerciantes, pequeños industriales y microempresarios asfixiados por la crisis generada por la pandemia

La mayoritaria coalición de gobierno en el Concejo, como buenos camaleones políticos, deslegitiman el derecho constitucional a la protesta social pacífica y democrática, la estigmatizan señalando a los integrantes de la oposición de liderar la justa protesta de los contribuyentes tildándolos de querer incendiar la ciudad, sin que ellos mismos adviertan que sus propias decisiones políticas en materia económica y fiscal, son los verdaderos detonantes de la protesta social que ahora condenan.

ahtarquinog@gmail.com

* Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.