La visión del desarrollo debe ser integral y articulada con epicentro en la gente.
No puedo ser ajena a las voces de protesta expresada por las demoras en el desplazamiento entre Bogotá y municipios de Cundinamarca y Tolima que, como destino final o de tránsito obligado hacia el occidente del país, hicieron de las celebraciones de fin de año una tortura.
Una familia duró en su vehículo tres horas y media en 34 kilómetros, saliendo de Bogotá desde la calle 127 con autopista, hasta Soacha, tiempo que, sumado a las cinco horas gastadas en otro tramo de 108 km para llegar a Girardot, generó la decisión de no volver (quién sabe hasta cuándo) mientras no haya solución a la situación.
Lo que debería hacerse en tres horas, a una velocidad de 60 km/h, termina siendo el mayor obstáculo para la competitividad de la región y la posibilidad de consolidarse como una opción de turismo local, que a decir del Gobierno Nacional es propósito para promover una economía productiva que contribuye a la generación de ingresos y empleo para la población local.
Muy fácil queda para algunos decir que es lamentable, pero necesario por las obras que se adelantan para ampliar la vía e intervenir los taludes que generan riesgo de derrumbes.
Si bien lo anterior es cierto, también lo es que el diseño de la inversión solo calculó parte del corredor y no se tomó de manera integral desde Bogotá como punto cero, con proyección al desarrollo sobre la región, que ha crecido desordenadamente y que la planeación exige, además de acciones transitorias cuando se adelantan obras sobre vías existentes, la adecuación de alternativas que descongestionen y garanticen el bienestar de los transeúntes.
La política de ampliación de subsidios, entre ellos el de segunda vivienda, cumplió el propósito de desarrollar la construcción de miles de unidades que abrieron la oportunidad a centenares de familias de adquirir su inmueble en municipios aledaños a las grandes ciudades, sin que en la mayoría de ellos se acompañara de proyectos de movilidad –que implica ampliación de vías y medios de transporte integrados–, lo que generó el efecto de desplazar los trancones.
Lo que debería transitarse en tres horas termina siendo el mayor obstáculo para la competitividad de la región y la posibilidad de consolidarse como una opción de turismo local.
El caso de la vía Bogotá-Girardot, siendo la de mayor tráfico del país, es fuera de serie. Se proyectó un tercer carril que dejó por fuera, de manera absurda, el intercambiador del sur de la capital con Soacha y el tramo Melgar-Girardot-Flandes (límites de Cundinamarca y Tolima), que no tiene siquiera doble calzada, no obstante ser un corredor que soporta más de treinta mil nuevas viviendas, generando un cuello de botella por la falta de puentes sobre los ríos Bogotá y Magdalena. Durante seis meses estuvo cerrado el puente Ospina Pérez, que, aún sin la apertura total, mantiene a la comunidad con graves limitaciones en el ejercicio de sus derechos.
No pareciera que la situación de desespero y rabia de la gente de la región fuera importante para las autoridades territoriales, al considerar que no les corresponde, porque la obra de la concesión vial es de competencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad que se limita a contabilizar tráfico y garantizar el cumplimiento de porcentajes de avance de obra, en aras de mantener el equilibrio financiero del megaproyecto.
Mucho se podría hacer invirtiendo en vías que existen, como la que va de Facatativá-Quipile- Guataquí con destino al Magdalena Medio, o la de Silvania-Tibacuy- Nilo, que evitarían los puntos de mayor trancón, pero que no se tocan porque no dan réditos políticos ni económicos.
La visión del desarrollo debe ser integral y articulada entre autoridades nacionales y territoriales, con epicentro en la gente. De lo contrario, no conseguiremos el bienestar que corresponde.
Fuente: El Tiempo