Hace pocos días las declaraciones explosivas del alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete el cáncer de la corrupción que diariamente se devora impunemente los presupuestos de la gran mayoría de municipios del país, acabando de paso con el bienestar y el futuro de millones de personas.
Según Hernández, la corrupción que se presenta en los municipios por cuenta de concejales vinculados a la politiquería tradicional ha llegado a casos inverosímiles. Cuenta el mandatario santandereano que cuando se posesionó como alcalde los politiqueros le entregaron las arcas totalmente vacías, así como el presupuesto de la ciudad totalmente hipotecado.
Y no contentos con eso, como el mandatario no se ha plegado a sus exigencias y les ha mantenido su cuota de poder, estarían dedicados a atacarlo y a confabular hasta el punto de haber impulsado un centenar de investigaciones en su contra.
Con sus denuncias, Hernández valientemente puso el dedo en la llaga, ya que este comportamiento de los concejales santandereanos hace parte de un patrón criminal que ha hecho carrera de manera similar en la mayoría de cabildos municipales, los cuales se han convertido en microempresas de líderes políticos corruptos.
La Ley 80 es un juego de niños en manos de estos avivatos, quienes se dan el lujo de tener expertos asesores que manejan al dedillo los vericuetos de la trampa y del inciso de la contratación pública. Según estimaciones serias, cerca del 70% de los proyectos de los municipios colombianos se asignan de manera directa, a dedo, sin licitación. Los presupuestos se rifan a través de ONG´s y fundaciones desconocidas, estudios de factibilidad, páginas web, compras onerosas, cuotas burocráticas y contratación de obras.
En materia de contratación de obras por parte de las entidades territoriales se está llegando a proporciones aberrantes, adjudicaciones millonarias que favorecen a contratistas presentados por los vividores de la política que suelen repetir en coro “Yo vine por lo mío”.
La gran mayoría de entes territoriales están coaptados por verdaderas empresas electorales, sociedades privadas que generalmente pertenecen al concejal elegido y que le permite a este exigir al respectivo alcalde la entrega de cuotas o porciones enteras de la administración. Para satisfacer semejante clientela se acude a la fórmula de los denominados contratos de prestación de servicios, inmoral modo de contabilizar el apoyo político como si se tratara de una inversión. Si los enganchados aportaran al desarrollo de los municipios, esta fastidiosa practica se justificaría, pero en realidad es un completo encarte para el alcalde de turno que tiene que contratar verdaderos lastres que ni siquiera sirven para calentar el puesto para el que fueron contratados.
Así las cosas, los gobiernos locales quedan condenados a la mediocridad ya que deben enganchar individuos no idóneos y sin compromiso con la calidad de la gestión del mandatario de turno. Pero a su vez, tales funcionarios, quedan comprometidos a cumplir cuotas en materia de votos con ocasión de cada elección e inclusive a efectuar aportes económicos a las arcas del mandamás político que les consiguió el puesto, amen incluso según se escucha por los pasillos de favores sexuales, es decir la completa esclavitud.
Se dice que cada alcalde es rey en su municipio, pero en realidad no hay tal, generalmente el mandatario local no tienen otra opción que ceder frente a los politiqueros, de otra manera le tocaría ver entrabada su gestión, quedar sometidos a escándalos y debates prefabricados, ser investigado y de paso inclusive sancionado por los entes de control, que su vez, son elegidos por los mismos concejales.
Pero si las nóminas municipales son mediocres, lamentablemente en algunos casos la de los concejales elegidos es peor, unos completos paquetes, donde la mediocridad, pequeñez y mezquindad, es completamente proporcional con su altanería y arrogancia.
En la mayoría de municipios del país los concejos no cumplen ninguna, óigase bien, ninguna función práctica, en la mayoría de casos son un club de sujetos que se reúnen con cargo al erario público a hablar carreta, es decir hablar “pura mierda”, y prueba de ello es simplemente ver el número de acuerdos aprobados y la calidad de los mismos, en su mayoría adiciones, incorporaciones y modificaciones al presupuesto, autorizaciones y otorgamiento de facultades al alcalde, etc.
Los famosos debates de control político que se hacen son tramas dignas del mejor elenco actoral que se conozca, encendidos e inocuos discursos, críticas y toma de posiciones, que contrastan con las llamadas, encuentros y visitas al despacho del Alcalde que suelen realizar nuestros concejales. Hoy están a favor, mañana en contra, dependiendo la posición y el rol que de antemano se haya acordado tomar.
Los Concejos municipales tal como están operando hoy en día destruyen la posibilidad de que se tenga una verdadera democracia en el ámbito local. Se habla que un solo concejal o jefe político cuenta con doscientos o trescientos puestos en el gobierno y que cada uno de sus recomendados le debe reportar entre diez y veinte votos para garantizar la “chanfa”, así las cosas, el concejal tiene asegurados la cantidad suficiente de votos para mantenerse en el cabildo la cantidad de periodos que quiera o hasta cuando una sanción penal o de la Procuraduría le acabe la carrera política.
Ante ese cáncer de corrupción, que puede acabar de plano los anhelos de paz y frenar los esfuerzos de progreso y desarrollo de la sociedad en su conjunto, no se escuchan propuestas y planteamientos serios, las perspectivas de purificación de la política se acaban con la posibilidad de que Iván Duque o Germán Vargas Lleras y de tras de ellos el cartel de Cambio Radical, el partido de la U, los conservadores y el peligroso Centro Democrático lleguen para “refundar la patria”.
Colombia entera hoy está secuestrada y condenada al fracaso, urgentemente se necesita una reforma política y la unión de la gente de bien que implemente y apoyen estrategias contundentes para sacar las corruptelas de los municipios. Se escuchan propuestas como la eliminación de las contralorías en el orden municipal y la reforma a fondo de las personerías municipales, hoy en manos de relacionistas públicos que miran siempre a otro lado a la hora de investigar actos de corrupción y de desmedro del Estado. Es urgente implementar la restricción a las nóminas paralelas y fortalecer el control a los contratos de prestación de servicios. Hoy muchos abogan por implantar cárcel y perdida de la investidura a los concejales que realizan toda clase de presión y chantaje sobre los alcaldes para lograr algún tipo de ventaja en contratos y nombramientos a cargo del erario público.
¿Constituyente? Se escuchan propuestas…
Abril 28 de 2018