ONU denuncia violencia contra defensores de Derechos Humanos y campesinos en Colombia

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha constatado durante el año 2016 una violencia persistente en contra de las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos en el país, en particular de quienes habitan zonas rurales.

Al 30 de noviembre de este año, la Oficina monitoreó con varias fuentes en terreno 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes defensorees de Derechos Humanos. Cinco casos más de homicidios  se encuentran aún bajo análisis, y todos los casos están siendo trabajados a través del mecanismo establecido entre la Oficina y la Fiscalía General de la Nación.

Con preocupación, la Oficina observó que el 75 por ciento de las víctimas de homicidio desarrollaban su actividad en ámbitos rurales, y que los métodos de asesinatos y atentados manifiestan mayor grado de sofisticación para encubrir a los autores intelectuales.

El primer Acuerdo de Paz entre en Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se firmó el 26 de septiembre. Desde esa fecha hasta hoy, han ocurrido 13 de los 57 homicidios registrados por la Oficina en 2016. Siete de ellos tuvieron lugar en áreas rurales –incluidos los homicidios recientemente perpetrados en Meta, Caquetá y Nariño- en donde las FARC-EP tenían presencia histórica, y están retirándose.

La Oficina observó la confluencia de dos características comunes en las áreas rurales donde han ocurrido estos homicidios:

1.- Por una parte la presencia histórica de las FARC-EP, quienes ante la firma del primer Acuerdo de Paz,  iniciaron su traslado hacia las zonas de pre agrupamiento, dejando un vacío en sus sitios históricos, donde actuaban imponiendo un “orden”.

Este vacío dejado por las FARC-EP, se profundizó ante la ausencia integral del Estado. Por ejemplo, si hay un problema entre vecinos, antes lo “regulaba” la FARC-EP, hoy lo “regula” la persona más fuerte, mediante el empleo del uso de la fuerza.

2.- En segundo lugar, en todas las zonas afectadas por la violencia en Colombia existen pocas alternativas económicas para la supervivencia de las personas, lo que ha llevado a la existencia de economías ilegales, como cultivos ilícitos y minería ilegal.

El vacío dejado por las FARC-EP, aunado a la presencia de economías ilícitas, ha favorecido  el surgimiento y expansión de todo tipo de criminalidad, incluyendo la entrada de otros grupos al margen de la ley, quienes se disputan el control de estas economías, afectando los derechos de las personas.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica la gravedad de la situación:

“Hemos recaudado y analizado mucha información, recogida directamente por mi Oficina, que denota que el aumento de la violencia en contra de líderes, defensores y defensoras está relacionado con:

a.- El vacío dejado por las FARC-EP en áreas rurales.

b.- La ausencia del Estado.

c.- La percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos.

d.- La estigmatización contra los defensores de Derechos Humanos.

e.- El uso de la fuerza para regular conflictos, por parte de la población.

f.- La disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en esas zonas.

g.- Las pocas posibilidades económicas de subsistencia.”

La Oficina observó que esta dinámica de violencia no solo afecta a los líderes y defensores de Derechos Humansos, sino también a la población en general, situación que se agudiza por las condiciones de pobreza y marginación históricas, y por la falta de presencia institucional que persiste en zonas rurales de por los menos 22 departamentos del país. La Oficina ha observado este año que los departamentos más afectados por los homicidios contra defensores son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

La Oficina reitera que el Estado colombiano debe garantizar la protección y seguridad de la población en general incluyendo a las y los defensores en el contexto actual, en especial por la importancia de su rol para la construcción de la paz y  la consolidación de una sociedad democrática. Estigmatizar a las defensoras y defensores, y señalarlos como colaboradores de grupos al margen de la ley, los pone en alto riesgo y obstaculiza su labor.

La Oficina convoca al Estado para que haga presencia integral en las áreas rurales, estableciendo una relación de confianza con las comunidades, y a que ponga en marcha políticas públicas para la materialización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que permitan superar las causas estructurales de la violencia.

La Oficina urge a las entidades competentes del Estado –entre ellas: Alcaldías, Gobernaciones, Ministerios del Interior y a la Unidad Nacional de Protección- a que implementen políticas de prevención del riesgo, adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas, e incluyan y promuevan la participación de las comunidades a nivel político y económico.

La Oficina además insta al Ministerio de Justicia para que implemente el Programa de Sistemas Locales de Justicia para Gestionar Conflictividad Social, el cual permitirá comenzar a llenar  los vacíos en las zonas que dejan las FARC-EP, estableciendo mecanismos de convivencia y resolución de conflictos de acuerdo con la normatividad establecida en Colombia.

La Oficina llama a la Defensoría del Pueblo para que se fortalezca y despliegue defensores comunitarios en todas las zonas rurales donde la FARC-EP está dejando el territorio.

La Oficina insta a la Fiscalía General de la Nación, para que  continúe con su labor de priorización e impulso de las investigaciones que permitan identificar y sancionar a los autores intelectuales de los homicidios perpetrados, sin limitarse al autor material, al igual que a esclarecer los contextos y móviles en los cuales se producen los homicidios para brindar una respuesta integral.

Finalmente, la oficina exhorta a la Fuerza Pública a seguir fortaleciendo mecanismos internos  de supervisión y control, que promuevan la transparencia y el desarrollo adecuado de su actividad de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.