Policía Nacional asegura que abrió 26 investigaciones contra uniformados por excesos de fuerza durante las marchas

La Policía Nacional anunció la apertura de 26 presuntas investigaciones disciplinarias contra uniformados de la institución, ante las crecientes denuncias de abusos, violencia y muertes de manifestantes, en los seis días de protestas contra el gobierno de Iván Duque.

“Hemos iniciado 26 investigaciones disciplinarias con la inspección general, dentro de ellas ya hay dos policías vinculados formalmente”, aseguró el general Jorge Luis Vargas, director de la policía.

Somos “una policía ejemplo ante el mundo”, ensalzó el oficial que presentó un listado de los patrulleros supuestamente “atacados” por “vándalos” durante las manifestaciones.

El oficial no mencionó nada sobre las decenas de videos que circulan en las redes sociales de policías golpeando, amenazando y hasta disparando contra las manifestaciones, con los cascos puestos, sin mostrar el rostro y en algunos casos sin que sean visibles los números de sus placas.

En la víspera, dos jóvenes que asistían a una concentración en un barrio de Cali, ciudad donde se han presentado los mayores actos de violencia, murieron por disparos luego que arribara la policía con intenciones de disipar la reunión, de acuerdo a versiones de testigos divulgadas hoy por la prensa.

Uno de los jóvenes muertos, Nicolás Guerrero, resultó ser pariente del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aseguró que existen “halcones de la muerte” rondando sobre esa urbe, la más grande e importante del Pacífico colombiano.

Las cifras de víctimas en los seis días de protestas se han convertido en un lugar de disputa política. La criticada Defensoría de la Pueblo hasta ahora informó de manera escueta de tres muertes y algunos heridos en el marco de las manifestaciones, pese a que su labor está vinculada a la protección de los derechos humanos.

El actual defensor, Carlos Camargo, un político de carrera, perteneciente al partido Conservador aliado político del gobierno Duque, aseguró que “estamos haciendo nuestro trabajo en terreno”, el cual consiste en el “acompañamiento de los derechos de los ciudadanos”, en un intento por evadir los interrogantes sobre la labor hecha hasta ahora por su oficina.

Camargo es cuestionado porque en plena crisis social viajó a la ciudad norteamericana de Miami a vacunarse contra el covid-19 y posteriormente pasó el fin de semana en una población vacacional de Anapoima, mientras el país era sacudido por una ola de violencia contra manifestantes que ha dejado más de 20 muertos. El Defensor respondió que “estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia” y tras la insistencia aseguró que se hallaba en Bogotá y que no sabía por qué los vehículos en los que él se moviliza junto con sus escoltas estaban en la población de Anapoima, 88 kilómetros al oeste de Bogotá.

Por su parte, Jose Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, se manifestó preocupado por la “situación en Colombia” y confirmó seis muertes durante las protestas, incluida la de un capitán de la Policía asesinado en Soacha.

Mientras que la ONG Temblores, aseguró hoy que son 26 las “víctimas de violencia homicida” de la Policía, nueve las personas que han denunciado “violencia sexual” por parte de uniformados y 17 jóvenes con lesiones oculares.

Desde el Comité Nacional de Paro (CNP), que concentra a las organizadoras citantes a las protestas, sus voceros denunciaron de 1.089 casos de violencia policial, que incluyen 124 heridos, 726 detenciones, seis denuncias de violencia sexual, 27 homicidios, 12 agresiones oculares a manifestante y 45 defensores de derechos humanos a quienes se les limitó su labor.

Martha Alfonso, segunda vicepresidenta de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y que hace parte del CNP, urgió al gobierno para que restablezca «el estado social de derecho, porque hoy ha dado todo el poder a las Fuerzas Militares, al Ejército y a la Policía, buscando masacrar al pueblo colombiano».

Aseguró que el Comité hizo dos peticiones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que acompañe las protestas, ante la falta de garantías por parte de las autoridades.

El ministro de Defensa, Diego Molano, reiteró este lunes que sigue en firme la orden del Presidente de enviar a la calle a las tropas, con el propósito de respaldar la labor de la policía, y tras asegurar que detrás de los actos violentos se agazapan “organizaciones criminales” que “buscan desestabilizar” al país.

Molano aseguró que en las protestas han resultado lesionados 540 policías y 306 civiles, incinerados 20 autobuses de transporte público, 59 comercios saqueados, 21 comandos menores de policía destruidos y otros 43 vandalizados.

Además de daños a 94 bancos, 254 comercios, 14 peajes, cuatro estatuas, 23 vehículos institucionales, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros bancarios, dos gobernaciones y 29 cámaras de foto-multas. El ministro en su enumeración no mencionó las muertes de los civiles, solo la del policía asesinado.

“Todas las actuaciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas en los derechos humanos, aplicando estrictamente las disposiciones legales vigentes para el uso de la fuerza. No les tengan miedo a los militares, teman de los vándalos”, insistió Molano.