Procuraduría investiga presuntas irregularidades de alcaldes, concejales y servidores públicos en la pasada jornada electoral

La Procuraduría inició apertura de investigación al alcalde Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

Según la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos: dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.

Actualmente cursan indagaciones preliminares contra del alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado y de Cartagena William Dau, el gobernador de Vichada Álvaro León Flórez y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander).

Igualmente, aperturas de investigación a los alcaldes Daniel Quintero Calle de Medellín, Carlos Mario Marín de Manizales, Gonzalo Ramírez Gaitán de Caparrapí, Juan Carlos Saldarriaga de Soacha, José William Herreño de Pulí, José Armando Cárdenas de Paratebueno y Edgar Higinio Rueda de Mogotes; y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

Al 24 de abril de 2022, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.

Mediante esta actuación la Entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.