El trámite de la licencia ambiental para el Regiotram de Occidente deberá arrancar de cero.
El archivo de la solicitud de licencia ambiental para el Regiotram de Occidente esfuma la ilusión de una solución para los altos tiempos de desplazamiento, excesivos costos, ineficiencia del transporte público, contaminación y afectación de calidad de vida de más de quinientas mil personas que regularmente ingresan a Bogotá por el occidente de Cundinamarca.
Ahora el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá culpan a la Anla, aprovechando el mal momento del Gobierno Nacional –labrado bajo posiciones ideológicas extremas con las que contemporizaron, y el actuar de inescrupulosos que consideraron que en política todo vale– para tratar de desmontarse de sus propias responsabilidades frente a una obra urgente, sobre la que se saca jugo de interés económico y político, sin importar la necesidad del conglomerado que reúne a más de diez millones de personas y afecta la competitividad y la economía del país.
La falta de rigurosidad con la que la concesionaria Férrea de Occidente y la Gobernación de Cundinamarca tomaron el trámite de la licencia ambiental llevó a que luego de diez meses de examen técnico la Anla ordenara el archivo porque no se aportó información suficiente ni se precisó el área de influencia, requisitos indispensables para otorgarla o negarla, previa identificación del impacto sobre el recurso hídrico y los ecosistemas, la demanda de recursos naturales, la afectación socioeconómica a la población ubicada a lo largo de casi 41 kilómetros que incide en 25,5 km de zona suburbana y 15,4 urbana y las medidas de mitigación o reparación.
El trámite de la licencia deberá arrancar de cero. El cronograma se aplaza, lo que generará mayores costos, renegociación y revisión de tiempo de ejecución. Mientras tanto, habrá que seguir soportando los trancones y lo que significa en pérdida de calidad de vida para quienes habitan la región y el impacto negativo sobre el PIB nacional.
Desde 2017 se anunció el respaldo de la Nación a uno de los proyectos de movilidad regional que requiere la integración entre Bogotá y los municipios vecinos, en los que el crecimiento urbanístico de los últimos quince años se dio al ritmo de las decisiones del ordenamiento territorial, de la laxitud de la CAR respecto de los cambios de uso del suelo, que fomentó el enriquecimiento ilícito de funcionarios de la región, quienes gracias a ello se incrustaron en la dirigencia política del departamento, cuando de la noche a la mañana se cambió lo mandado por la ley ambiental respecto a la declaratoria de “la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal”.
Se van Claudia López y Nicolás García. La politiquería y el clientelismo que admitieron continuará en la CAR. En seis meses, por mandato del plan nacional de desarrollo se conocerán los lineamientos para el ordenamiento ambiental y el estatuto de zonificación regional que fijará las pautas para el uso adecuado del territorio y su apropiado ordenamiento, según la Ley 99 de 1993.
Mientras tanto, el Regiotram del Norte seguirá siendo un anhelo para otro sector de Cundinamarca que alberga a casi setecientas mil personas, conformado por el corredor Bogotá-Chía-Cajicá-Zipaquirá.
La integración de la región la determina una relación perturbada. Bogotá y su oferta de trabajo, estudio, atención en salud y conexión internacional, con Cundinamarca, su naturaleza, diversión y menor costo de vida. Cabe entonces preguntarse, ¿quién es la otra Bogotá a donde se viene por necesidad, o Cundinamarca, en donde se está por placer?
La propuesta de candidatos a alcaldías y gobernación debe salirse del manejo clientelista y de interés centrado en los votos de la región, para marcar de manera positiva el desarrollo equilibrado del país.
Fuente: El Tiempo