Como una estrategia para eludir a la Corte Suprema de Justicia fue interpretada la renuncia del representante a la Cámara del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.
Ballesteros, es investigado por posibles hechos de corrupción mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), entre 2014 y 2016.
La renuncia de Ballesteros se anunció precisamente antes de ser escuchado en indagatoria por la Corte Suprema de Justicia.
Ballesteros reaccionó antes de que se emitiera una orden de captura en su contra. Para que el caso no pasara a manos de la Corte Suprema de Justicia, aplicó la estrategia de Álvaro Uribe y del mismo Richard Aguilar, renunció a su curul el pasado 8 de septiembre.
En ese sentido, el caso de Ballesteros pasaría a la Fiscalía General de la Nación, pues cuando el representante fue gerente de la Esant, no era aforado político, por lo tanto, la Corte Suprema no podría proceder ante el congresista.
Lágrimas por la renuncia
En medio de lágrimas y voz entrecortada, Edwin Ballesteros anunció su renuncia a su curul en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Ballesteros, otro “uribista” que tuvo que renunciar en medio de un escándalo de corrupción, no logró sostenerse tras el escándalo de la red de corrupción que lo enlodó junto a Richard Aguilar cuando era gobernador de Santander por presuntas irregularidades en la contratación del reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica en el estadio Alfonso López de Bucaramanga en el 2015, obra que terminó costando un 40% más de su valor inicial. Ballesteros, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander en aquel entonces, también se habría beneficiado de manera indebida en la celebración de la contratación del estadio de Bucaramanga.
Claudia Janeth Toledo Bermúdez, secretaria de Infraestructura durante la administración Aguilar, fue la primera en prender el ventilador contra el exgobernador y Ballesteros. Toledo quien fue la mano derecha y mujer de confianza de los Aguilar, rindió su testimonio ante la Fiscalía y obtuvo un principio de oportunidad. Las pruebas que hoy tiene comprometido a Ballesteros consta de documentos, llamadas, mensajes de WhatsApp y audios que presuntamente lo mostrarían dispuesto a pagarle a Claudia Toledo y a su esposo, Lenin Pardo, 650 millones de pesos a cambio de un contrato de obras públicas que estaba avaluado en $4.346 millones.