Por Henry Barbosa
La escena era bien patética, los funcionarios de la administración presurosos se habrían paso en medio de la multitud por las calles del centro de Bogotá, portando sendas bolsas plásticas de color negro.
Nadie se podía imaginar que en el interior de las bolsas lo que transportaban eran alrededor de $2.000 mil millones de pesos en fajos de billetes de varias denominaciones.
Su destino, la oficina de un abogado desconocido, quien recibiría el dinero para pagar la coima exigida por un magistrado corrupto, viejo conocido de los medios de comunicación nacional precisamente por sus fallos polémicos.
Con este dinero se compró el fiscal que llevaba el proceso y el juez que dictó sentencia, obviamente el Alcalde de marras salió incólume y libre de toda sospecha.
El funcionario no solamente salió libre e inocente, sino que terminó con una fortuna que todos creen que se acerca a los $120 mil millones de pesos, dinero que supuestamente sus familiares deben estar manejando impunemente en cuentas en Estados Unidos.
La anécdota me la narró un testigo tomándonos un tinto debajo de la escalera de un Centro Comercial de Soacha.
Recuerdo esta asquerosa anécdota cuando leo el comunicado de prensa 114 emitido por la Fiscalía General de la Nación, en donde informa que logró establecer que Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca, habría pagado la suma de $2.000 millones de pesos al Procurador Hernán Jovel Muñoz, para que por intermedio de otro particular, se lograra que fiscales y directivos de la Fiscalía favorecieran las investigaciones que cursan en contra del exgobernador por su participación en el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá.
Octubre 4 de 2015
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