El pasado 07 de septiembre medios locales y redes sociales registraron unos hechos cuya verdaderas dimensiones solo se conocerían días después, cuando cerca de 8 jóvenes que se encontraban detenidos en el CAI del barrio San Mateo del municipio de Soacha, murieron con el correr de los días como consecuencia de las graves quemaduras e intoxicaciones sufridas durante un incendio provocado por ellos mismos en las mencionadas instalaciones como rechazo y protesta a las pésimas condiciones de hacinamiento, maltrato y escasas posibilidades de recibir alimento en los que los mantenían las autoridades de policía desde hacía varios días.
A pesar de la grave del hecho, en su momento fue minimizado por la gran prensa, y sobre todo por las autoridades de policía hasta que el hecho fue nuevamente puesto en el escenario del debate nacional gracias a las denuncias realizadas por el concejal Diego Cancino del Partido Alianza Verde del Concejo de Bogotá para que la Procuraduría, la Fiscalía y los organismos de inteligencia de la Policía establezcan las responsabilidades institucionales e individuales que produzcan las respectivas investigaciones.
Se espera que estos hechos, que han enlutado igual número de familias no corran la misma suerte que corrieron los internos de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá contra las indignantes condiciones de hacinamiento, mal trato y corrupción derivadas del pésimo manejo del sistema carcelario colombiano, o de los jóvenes que murieron durante las protestas del 11 de septiembre independiente de si los detenidos estaban o no involucrados en algún tipo de delito o contravención del Código de Policía.
Son numerosos los interrogantes que pesan sobre los mencionados hechos sin que hasta la fecha se conozcan resultado alguno de las investigaciones y de los responsables que vienen adelantado las autoridades, mientras entre los familiares de las victimas crece la desconfianza porque las investigaciones, como suele ocurrir, terminaran en la total impunidad.
Se ha vuelto un lugar común leer las noticias de prensa escrita, escuchar la radio, observar la tv y al explorar las redes sociales, en las que se da cuenta de centenares de videos que se mueven denunciado los reiterados abusos de la autoridad en los que incurren todos los días así como la arbitrariedad y violación de los más elementales derechos cuando realizan los procedimientos sobre la población así como las continuas denuncias de corrupción dentro de la centenaria y cuestionada institución, las crecientes cifras de casos de policías de todos los niveles y cargos involucrados en la más variada criminalidad interna y externa sin que se haga efectiva la restructuración y reforma para que la policía sea realmente la defensora de los ciudadanos y no sus victimarios mientras el crimen organizado avanza, se fortalece e impone su ley.
La gravedad de los hechos amerita que el mandatario municipal Juan Carlos Saldarriaga Gaviria como primera autoridad de policía, el comandante de Policía de Soacha, los cuadrantes que ese día prestaban el servicio en el sector, y los policías que tenían bajo su responsabilidad el CAI y la suerte de los detenidos, deben dar prontas y claras explicaciones a la justicia para evitar que la impunidad se siga fortaleciendo como principio central sobre el que actúa una institución que por la constitución política debe garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos.
* Las opiniones expresadas en este artículo de opinión son del autor y no de SOACHA ILUSTRADA.