Municipios advierten inminente crisis humanitaria por falta de recursos para atender a detenidos provisionales

Alcaldes reclaman soluciones urgentes al Gobierno Nacional ante el inminente vencimiento del plazo fijado por la Ley 2346 de 2024, que traslada la responsabilidad de la alimentación de los privados de libertad a la USPEC.

A tan solo 12 días de que entre en vigencia la Ley 2346 de 2024, los municipios de Colombia se declaran en máxima alerta ante una posible crisis humanitaria en los centros de detención transitoria. La norma, que comenzará a regir el próximo 1 de julio, establece que será la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la encargada de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la falta de lineamientos claros y recursos asignados ha generado un profundo clima de incertidumbre en los entes territoriales.

Julián Sánchez ‘Perico’, alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, lanzó una advertencia contundente al Gobierno Nacional:

“Nos encontramos en un vacío operativo que impide a los municipios contar con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir esta responsabilidad. No podemos permitir que esta situación desemboque en una crisis institucional”.

Sánchez hizo un llamado urgente al Ministerio de Justicia, a la Corte Constitucional —por su papel en la defensa del derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad— y al Congreso de la República, para que se tomen medidas inmediatas que eviten una tragedia institucional.

“A partir del 1 de julio, no hay garantías claras, y los alcaldes no podemos seguir asumiendo cargas sin respaldo legal ni recursos suficientes”, agregó.

La preocupación se ha venido acumulando durante meses. Numerosos municipios, tanto grandes como pequeños, han denunciado que el sostenimiento de personas detenidas provisionalmente ha sobrepasado sus capacidades logísticas y presupuestales. Con el plazo legal cada vez más cerca, crece el temor a un colapso en el sistema penitenciario local, que podría traducirse en violaciones masivas a los derechos humanos de los privados de libertad.