Procuraduría advirtió que 20 entes territoriales incumplen obligación legal de actualizar sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

Los municipios de Cundinamarca que aparecen en la lista de los que no han cumplido con la normatividad son Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá.

La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas al revelar que más de una veintena de entidades territoriales en Colombia no han cumplido con la actualización de sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), una herramienta fundamental para la protección ambiental y la correcta disposición de desechos en el país.

La denuncia fue hecha por el procurador Gregorio Eljach Pacheco en el marco de las funciones preventivas del Ministerio Público, que reiteró la urgencia de adecuar estos planes a las normativas actuales, los planes de desarrollo local y las necesidades reales de las comunidades.

Una revisión técnica realizada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública arrojó resultados preocupantes: importantes capitales como Cali, Manizales, Popayán, Pasto, Neiva, Riohacha, Villavicencio y Sincelejo figuran entre los entes territoriales que no han actualizado sus PGIRS.

Pero el rezago no se limita a las ciudades capitales. Municipios estratégicos de Cundinamarca como Madrid, Funza, Cota, Chía, Mosquera, Soacha, Ricaurte y Cajicá; Yumbo, en el Valle del Cauca; y Itagüí, Bello y La Estrella, en Antioquia, también están en la lista de los incumplidos.

Los PGIRS son planes obligatorios que permiten a los gobiernos locales organizar, planificar y ejecutar una adecuada gestión de los residuos sólidos, bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. La falta de actualización no solo representa un incumplimiento legal, sino que también compromete la capacidad de respuesta ante problemas como el cambio climático, el crecimiento urbano desordenado y la crisis de disposición final de residuos.

“Actualizar los PGIRS no es una opción, es una obligación legal y una responsabilidad ambiental con la ciudadanía”, enfatizó el procurador Eljach Pacheco, quien además hizo un fuerte llamado a alcaldes y autoridades locales para que corrijan estas omisiones sin demora.

La Procuraduría fue enfática: si persisten los incumplimientos, se iniciarán acciones disciplinarias contra mandatarios y funcionarios responsables, quienes podrían enfrentar sanciones por negligencia o vulneración del interés general.

El Ministerio Público también anunció que intensificará sus labores de seguimiento y vigilancia sobre estos planes, con el fin de garantizar que los entes territoriales asuman de forma efectiva sus compromisos frente a la gestión ambiental.