Condenado Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal

En una decisión sin precedentes en la historia judicial de Colombia, la jueza penal 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia, en primera instancia, también contempla una multa millonaria e inhabilidad para ejercer funciones públicas.

Este viernes, la jueza Sandra Liliana Heredia dictó sentencia en el caso contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La condena, en primera instancia, impone una pena de 144 meses de prisión domiciliaria, que Uribe deberá cumplir en su finca ubicada en Llanogrande, Rionegro (Antioquia), según la orden judicial.

Aunque la defensa del exmandatario anunció que apelará el fallo, la jueza ordenó el cumplimiento inmediato de la sanción, debido a que se superan los requisitos de necesidad establecidos por la jurisprudencia colombiana.

Además de la privación de libertad, Uribe fue condenado al pago de una multa de 2.420 salarios mínimos —más de 3.444 millones de pesos colombianos (alrededor de 830.000 dólares)— y a una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 100 meses y 20 días, lo que equivale a más de ocho años.

Durante la audiencia virtual, se vivió un momento tenso cuando la jueza criticó la filtración del fallo a la prensa y cuestionó a los hijos del expresidente por declaraciones en su contra. Uribe, visiblemente molesto, protestó por lo que consideró un ataque injustificado hacia su familia.

El llamado “juicio del siglo” tiene su origen en denuncias cruzadas entre Uribe y el senador Iván Cepeda, quien en 2012 presentó testimonios de exparamilitares que involucraban al entonces expresidente con grupos armados ilegales. Uribe respondió con una denuncia por calumnia, pero la Corte Suprema terminó encontrando indicios de manipulación de testigos por parte del exmandatario.

En 2020, Uribe fue sometido a arresto domiciliario por 67 días, periodo durante el cual renunció a su curul en el Senado para que su proceso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Tras varios intentos de la Fiscalía de cerrar el caso, en 2024 finalmente se dio inicio al juicio bajo la gestión de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

La jueza Heredia halló probado que Uribe, a través de su exabogado Diego Cadena, ofreció beneficios a testigos encarcelados para obtener declaraciones falsas que lo favorecieran judicialmente, en especial frente a las acusaciones de Iván Cepeda. También consideró demostrada la existencia de una estrategia deliberada de manipulación de la justicia, mediante documentos y videos presentados ante la Corte.

Aunque los abogados actuales del líder del Centro Democrático aseguraron que Cadena actuó sin conocimiento de Uribe, el fallo concluyó que el expresidente estaba plenamente informado y autorizó las acciones ilegales que dieron pie a la condena.

Con esta decisión, Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano en ser condenado por la justicia penal, abriendo un capítulo histórico en la lucha contra la impunidad en el país.