Académicos piden a Petro objetar la creación de la universidad de la Procuraduría

Un amplio grupo de académicos y varios medios de comunicación solicitaron al presidente Gustavo Petro objetar por inconstitucional e inconveniente el proyecto que crea la llamada universidad de la Procuraduría, una iniciativa que avanzó en el Congreso con inusitada rapidez y sin estudios previos de factibilidad.

La propuesta, impulsada por el procurador General, Gregorio Eljach, ha encendido alarmas en sectores académicos, jurídicos y políticos. Para sus críticos, el proyecto representa un aumento innecesario de la ya robusta burocracia estatal, implica un derroche de recursos en tiempos de estrechez fiscal y, sobre todo, amenaza el principio de autonomía universitaria, un pilar constitucional del sistema educativo colombiano.

Aprobación exprés y dudas sobre conveniencia

El proyecto tuvo un trámite excepcionalmente veloz en un Congreso caracterizado por el estancamiento legislativo. Fue radicado el 5 de agosto de este año y, apenas dos meses después, ya había superado los cuatro debates reglamentarios. El ritmo contrasta con las reformas del Gobierno Nacional, que suelen hundirse o estancarse en múltiples legislaturas.

La influencia del procurador Eljach quedó en evidencia no solo en la aprobación exprés del proyecto, sino también durante la discusión del Presupuesto General de la Nación, donde varias entidades sufrieron recortes mientras que el Ministerio Público resultó fortalecido con mayor financiación. Para los académicos, esta asignación obliga a cuestionar la idoneidad del gasto y el impacto real de destinar grandes recursos a una nueva entidad educativa.

El principal señalamiento: violación a la autonomía universitaria

En la carta enviada al presidente Petro, los expertos plantean tres argumentos centrales para pedir la objeción presidencial. El primero, considerado el más contundente, apunta a una contradicción estructural: la universidad estaría al servicio directo del Ministerio Público, lo que obligaría a esa entidad a definir los programas, las líneas de investigación y los criterios de admisión.

Para los académicos, esta configuración viola abiertamente la autonomía universitaria, pues la Procuraduría tendría control decisorio sobre el consejo superior y dirigiría la formación hacia sus propios intereses institucionales. “No se puede hablar de una ‘universidad’ en los términos de la ley colombiana cuando, en la práctica, se trata de un centro de capacitación ampliado del Ministerio Público”, señalan.

Aunque la propuesta pretende financiarse como una nueva universidad pública, en esencia —afirman— no crea una institución de educación superior independiente, sino que expande la estructura interna de la Procuraduría bajo un rótulo universitario.

Falta de estudios y antecedentes preocupantes

Otro de los reparos tiene que ver con la ausencia total de estudios técnicos sobre la necesidad, viabilidad y pertinencia del proyecto. Para los firmantes, el afán del procurador Eljach replicó un patrón ya conocido: el fallido intento del exfiscal Eduardo Montealegre de crear la universidad de la Fiscalía, que nunca logró justificarse ni consolidarse.

“Un proyecto con tanto impacto —sostienen los académicos— debía abrir espacios de deliberación, análisis comparativo y búsqueda de alternativas para optimizar los recursos. Nada de eso ocurrió”.

Crisis financiera de las universidades públicas: un argumento ignorado

El tercer punto planteado por los expertos es económico. En momentos en que las universidades públicas enfrentan una crisis de desfinanciamiento estructural, la creación de la universidad de la Procuraduría demandaría alrededor de 50.000 millones de pesos anuales.

La pregunta es inevitable: ¿resulta conveniente esta inversión en tiempos de austeridad fiscal? Para los académicos, la respuesta es un rotundo no. Afirman que no existe justificación técnica, académica ni presupuestal, y advierten que la iniciativa parece responder más a intereses burocráticos en un contexto preelectoral que a una verdadera necesidad educativa del país.

A la espera de la decisión presidencial

Con la aprobación del Congreso, el proyecto quedó en manos del presidente Petro, quien deberá decidir si sanciona la ley o acoge la petición de los académicos para objetarla por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia. En un país donde el fortalecimiento de la educación pública sigue siendo una deuda histórica, el debate sobre esta nueva institución promete intensificarse en las próximas semanas.