La decisión del alto tribunal se produce pocos días después de su reelección al Congreso y se enmarca en el mayor escándalo de corrupción que enfrenta el Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la detención del senador Wadith Manzur y de la representante a la Cámara Karen Manrique, ambos reelegidos el pasado domingo, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de Instrucción del alto tribunal informó que imputó a los dos congresistas por el delito de cohecho impropio y ordenó su detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.
En la misma decisión, la Corte también llamó a juicio a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, al representante Julián Peinado y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán vinculados al proceso, pero en libertad.
Presunto intercambio de favores y contratos
Según la investigación, los congresistas habrían emitido conceptos favorables sobre operaciones de crédito que interesaban al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de presuntas coimas que se materializaban mediante contratos adjudicados por la UNGRD.
“La Sala concluye que el amplio material probatorio recaudado durante la investigación permite inferir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”, señaló la Corte en un comunicado.
Reelección reciente
Manzur, dirigente político del departamento de Córdoba, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del pasado domingo. De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obtuvo 134.914 votos, asegurando su reelección en el Senado.
Por su parte, Manrique fue reelegida como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, avalada por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, con 5.640 votos.
Un escándalo que golpea al Gobierno
El caso de corrupción en la UNGRD —entidad encargada de coordinar la atención de emergencias y desastres naturales en Colombia— fue revelado por la prensa en febrero de 2024 y desde entonces ha escalado hasta involucrar a congresistas y altos funcionarios del Gobierno.
Entre los investigados figura el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cercano al presidente Gustavo Petro, quien según la Fiscalía General de la Nación habría coordinado con el entonces director de la UNGRD Olmedo López la adjudicación de tres contratos por cerca de 92.000 millones de pesos.
De acuerdo con las pesquisas, los contratos habrían sido utilizados para favorecer a varios congresistas a cambio de respaldar en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Una presunta red criminal
La Fiscalía sostiene que Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco habrían encabezado una “organización criminal” que entre 2023 y 2024 destinó más de 612.000 millones de pesos para asegurar apoyos políticos mediante la asignación de contratos y proyectos.
Por estos hechos, ambos exfuncionarios fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
El escándalo de la UNGRD es considerado el mayor caso de corrupción que enfrenta el gobierno de Petro, y ya ha provocado la captura de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, además de condenas contra exdirectivos del organismo.