Juliana Guerrero y su esquema de seguridad: polémica por camionetas, escoltas y decisiones exprés

La asignación de un robusto esquema de protección a Juliana Guerrero, pese a no ser funcionaria pública, desata cuestionamientos políticos y reabre el debate sobre los criterios de la UNP.

Juliana Guerrero vuelve al centro de la controversia. A los señalamientos por presuntas irregularidades en la obtención de sus títulos académicos se suma ahora el debate por el esquema de seguridad que le fue asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de no ocupar un cargo público.

Según el periodista Jacobo Solano, la joven dispondría de entre dos y tres camionetas blindadas y un equipo de seis a nueve escoltas, que varía según las condiciones de riesgo en las regiones que visita, como el Cesar. La magnitud del dispositivo ha generado críticas por su similitud con el de altos funcionarios del Estado.

El congresista electo por el Centro Democrático Daniel Briceño, cuestionó con dureza la medida y la contrastó con la situación de líderes sociales en el país, quienes enfrentan amenazas constantes. En su cuenta de X, señaló que el uso de recursos públicos para este esquema resulta desproporcionado frente a otras prioridades de seguridad.

La controversia se intensificó tras las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación. La funcionaria aseguró que la protección a Guerrero fue tramitada con inusual rapidez, sin que existiera una verificación clara de riesgo.

En respuesta, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, afirmó que la solicitud de protección fue presentada por la propia Angie Rodríguez el 6 de marzo de 2025, cuando ejercía como directora del Dapre. Según explicó, en dicha petición se incluyeron enlaces y argumentos que justificaban la necesidad de protección, lo que —a su juicio— evidencia una contradicción en las declaraciones posteriores de la funcionaria.

Ese mismo día, añadió el funcionario, se produjeron movimientos administrativos inusuales: mediante resoluciones del Ministerio del Interior, Guerrero fue nombrada secretaria ejecutiva del despacho ministerial y coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete, en una secuencia que ha despertado dudas sobre la celeridad de las decisiones.

Aunque actualmente no ocupa un cargo oficial, Angie Rodríguez afirmó que Guerrero habría ejercido una influencia significativa en distintas entidades del Gobierno, incluyendo el Fondo Colombia en Paz, el Dapre y otras dependencias.

El caso sigue generando reacciones en el ámbito político y mediático, mientras crecen los cuestionamientos sobre los criterios de asignación de esquemas de seguridad y el uso de recursos públicos en Colombia.