Capturado por amenazas en Soacha: envió corona fúnebre a exregistrador y terminó en prisión

La Fiscalía judicializó a un hombre señalado de intimidar con arma de fuego a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha y de enviar una corona fúnebre a un exfuncionario de la entidad.

Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron la identificación, captura y judicialización de Juan Andrés Romero Calderón, señalado presuntamente de amenazar de muerte a varios funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha, en hechos que se habrían extendido durante varios años.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, el procesado habría ingresado en dos ocasiones a las instalaciones de la entidad, una en agosto de 2022 y otra en octubre de 2025, portando un arma de fuego con la que presuntamente intimidó a servidores públicos que desempeñaban funciones en la dependencia estatal.

La situación habría escalado el pasado 8 de abril, cuando el entonces registrador de Instrumentos Públicos de Soacha recibió en su despacho una corona fúnebre, hecho que encendió nuevamente las alarmas entre las autoridades. Según la Fiscalía, los elementos materiales probatorios apuntan a que dicho mensaje intimidatorio habría sido enviado por Romero Calderón.

Las autoridades sostienen que las amenazas estarían relacionadas con decisiones administrativas adoptadas por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, específicamente con el cierre de folios de matrículas inmobiliarias correspondientes a predios ubicados en la zona férrea y en sectores de la Autopista Sur de Soacha.

Según la investigación, el hoy procesado pretendía desarrollar actividades de explotación económica sobre dichos terrenos, situación que habría generado inconformidad frente a las determinaciones adoptadas por la entidad. Para los investigadores, las intimidaciones constituirían una retaliación contra los funcionarios involucrados en esos procedimientos administrativos.

En desarrollo de las labores judiciales, unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura contra Romero Calderón en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Tras evaluar los argumentos presentados por el ente acusador y los elementos probatorios allegados al proceso, el juez de control de garantías acogió la petición y ordenó el traslado del procesado a un centro de reclusión mientras avanza la investigación judicial.

El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos y presiones a los que pueden verse expuestos los servidores públicos encargados de decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial, la propiedad inmobiliaria y la protección de bienes de interés público en municipios como Soacha.