Denuncian presunta instrumentalización de estudiantes en Soacha durante actividad política y deportiva

Señalamientos advierten posible intervención en política y uso de menores en eventos coincidentes con actos de campaña en Soacha.

El Comité de Garantías Electorales de Cundinamarca, como delegado del Pacto Histórico, puso en conocimiento una serie de hechos ocurridos en el municipio de Soacha que podrían configurar una presunta intervención indebida en política por parte de funcionarios de la administración municipal, en el marco del proceso electoral 2026–2030.

Según la denuncia, durante las últimas semanas se habría registrado una coincidencia entre actividades institucionales del sector educativo y eventos de carácter político, lo que ha generado cuestionamientos sobre la posible utilización de menores de edad en escenarios asociados a campañas electorales.

Denuncian posibles irregularidades en jornada de juegos intercolegiados

De acuerdo con el documento conocido, la Secretaría de Educación de Soacha habría convocado a instituciones educativas públicas y privadas a la inauguración de los Juegos Intercolegiados el pasado viernes 12 de junio de 2026, pese a que estos ya habrían iniciado una semana antes.

La denuncia señala además que no se habría informado de manera clara a padres de familia sobre una marcha paralela en la carrera Séptima por seguidores del candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, ni sobre las condiciones en las que debían asistir los estudiantes, incluyendo la indicación de no usar el uniforme deportivo habitual y reemplazarlo por camisetas de la Selección Colombia.

Estas decisiones, según los denunciantes, habrían generado confusión en la comunidad educativa y cuestionamientos sobre la pertinencia de las instrucciones emitidas desde algunos establecimientos educativos.

Coincidencia con acto político en la carrera Séptima

Paralelamente, se habría realizado una movilización política de simpatizantes del candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella, convocada por dirigentes y concejales, quienes llamaron a una caravana y marcha de banderas en apoyo a su aspiración presidencial.

Según la denuncia, la actividad política también habría solicitado el uso de camisetas de la Selección Colombia, lo que habría generado coincidencias visuales con la presencia de estudiantes en el mismo corredor vial.

En ese contexto, algunos de los participantes de la movilización habrían registrado fotografías tanto del evento político como de los estudiantes, lo que ha sido interpretado por los denunciantes como un posible intento de asociar la imagen de menores de edad con manifestaciones de apoyo político.

Señalamientos sobre uso de imagen de menores

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia advierte sobre una presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para generar una percepción de respaldo a determinada candidatura presidencial.

Los denunciantes afirman que la coincidencia entre la actividad escolar y la movilización política habría permitido la circulación de imágenes donde estudiantes aparecen en escenarios simultáneos con actos proselitistas, lo que, a su juicio, debe ser investigado por las autoridades competentes.

Asimismo, solicitan que la Fiscalía General de la Nación evalúe si estos hechos podrían constituir una vulneración de la neutralidad institucional y de los derechos de los menores.

Críticas a la administración municipal

La denuncia también cuestiona el papel de la Secretaría de Educación de Soacha y de la administración del alcalde Julián Sánchez “Perico”, señalando que no se habrían garantizado plenamente los principios de neutralidad en la función pública.

Los denunciantes recuerdan que semanas antes se habría realizado una capacitación sobre participación indebida en política dirigida a funcionarios públicos, por lo que consideran contradictorio el presunto silencio institucional frente a lo ocurrido.

Llamado a organismos de control

Finalmente, se solicita a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio del Interior y a los organismos de observación electoral que hagan seguimiento a los hechos denunciados, documenten lo ocurrido y determinen si hubo o no irregularidades.

Los denunciantes insisten en la necesidad de evitar la repetición de este tipo de situaciones, que —según advierten— podrían afectar la neutralidad electoral y la protección de la infancia en contextos de participación pública.