Corte exige ley para judicializar a quienes difundan contenido íntimo sin autorización

La Corte Constitucional pidió al Congreso crear un delito que sancione la difusión no autorizada de contenido íntimo y ordenó a las plataformas digitales reforzar las medidas para impedir su circulación y garantizar la protección de las víctimas.

En una decisión de gran alcance para la protección de los derechos digitales y la lucha contra la violencia de género, la Corte Constitucional de Colombia exhortó al Congreso de la República a expedir una ley que permita judicializar a quienes difundan fotografías, videos o cualquier contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada.

El pronunciamiento se produjo tras analizar el caso de una mujer cuyo material íntimo fue divulgado en diferentes plataformas digitales, incluidas páginas para adultos, mediante engaños y sin su autorización, situación que desencadenó una grave vulneración de sus derechos fundamentales.

Difundir contenido íntimo sin permiso es violencia digital

En la sentencia, el alto tribunal dejó claro que la difusión no autorizada de imágenes o videos de carácter íntimo constituye una forma de violencia digital y violencia sexual, debido a las profundas afectaciones que genera sobre la dignidad, la privacidad y la integridad de las víctimas.

La Corte concluyó que en este caso fueron vulnerados derechos fundamentales como la intimidad, la propia imagen, el buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Asimismo, enfatizó que compartir este tipo de contenido sin autorización representa una forma de cosificación que desconoce la autonomía y la libertad de las personas sobre su propio cuerpo y su información personal.

El consentimiento puede retirarse en cualquier momento

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que la Corte reiteró que el consentimiento para captar, almacenar o compartir contenido íntimo no es permanente.

El tribunal precisó que una persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento y que esa decisión debe ser respetada por terceros y por las plataformas digitales donde eventualmente se encuentre alojado el material.

Esto significa que el hecho de haber autorizado inicialmente la toma o el intercambio de una fotografía o un video no implica que exista autorización para su difusión pública o permanente.

Congreso deberá legislar sobre este delito

Durante el análisis del caso, la Corte advirtió que actualmente el ordenamiento jurídico colombiano no contempla un delito específico que castigue directamente la difusión no consentida de contenido íntimo.

Por esa razón, la Sala exhortó al Congreso para que durante la próxima legislatura avance en la creación de una norma que establezca consecuencias penales para quienes incurran en esta conducta.

En la decisión, el alto tribunal señaló:

“La Sala exhortó al Congreso de la República para que, en la siguiente legislatura, se pronuncie sobre las consecuencias penales de la difusión no consentida de contenidos íntimos, armonizando el análisis político criminal con los instrumentos de protección de derechos humanos”.

La Corte considera que esta regulación permitirá fortalecer la protección de las víctimas y ofrecer herramientas más eficaces para combatir este tipo de violencia que ha aumentado con el uso masivo de redes sociales y plataformas digitales.

Plataformas deberán impedir que el contenido vuelva a circular

Además del llamado al Congreso, la Corte impartió órdenes dirigidas a las plataformas digitales involucradas en el caso.

Entre las medidas adoptadas se encuentran:

• Impedir la reproducción y republicación del contenido íntimo.
• Atender de manera permanente las solicitudes de eliminación realizadas por las víctimas.
• Ajustar sus mecanismos de consentimiento conforme a los criterios fijados por la Corte.
• Implementar procedimientos más eficaces para evitar la difusión reiterada del material eliminado.

El objetivo es impedir que las víctimas tengan que enfrentar un proceso continuo para solicitar el retiro de imágenes que vulneran sus derechos.

Llamado a fortalecer la prevención de la violencia digital

Finalmente, la Corte también instó a diversas entidades del Estado a desarrollar herramientas de prevención, atención y protección frente a la violencia digital, promoviendo campañas de educación, mecanismos de denuncia y estrategias institucionales que permitan responder con mayor eficacia a este fenómeno.

La decisión marca un precedente en Colombia sobre la protección de la privacidad en entornos digitales y abre el camino para que el país cuente con una legislación específica que sancione penalmente la difusión no autorizada de contenido íntimo, fortaleciendo los derechos de las víctimas y la responsabilidad de las plataformas tecnológicas frente a este tipo de conductas.