Por Ángel Humberto Tarquino**
Soacha cumplirá 25 años desde que el acuerdo 046 de diciembre 27 de 2000 adoptó el POT en cumplimiento de un mandato constitucional, para que fuera el instrumento técnico y herramienta más apropiada para guiar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de la ciudad, y se tradujera en un mejor bienestar y disfrute tanto de los derechos individuales como sociales de todos sus ciudadanos.
No obstante, ese mandato constitucional en la actual realidad de la ciudad, muestra indicadores totalmente contrarios al espíritu inicial del POT. Han pasado 9 administraciones cuyo balance de la gestión de gobierno en la aplicación de esos principios, estrategias, políticas y acciones del desarrollo contenidas en el POT para la ciudad, son francamente preocupantes. Ninguno de los problemas estructurales de la ciudad ha desaparecido, o por lo menos atenuados; por el contrario, han surgido otros nuevos problemas mientras los heredados del pasado se han profundizado.
La sistemática desindustrialización, estimulada por las políticas económicas neoliberales, a las que fue sometida la economía de la ciudad, trajo consigo la pérdida de miles de empleos y el aumento de la pobreza que se empezó a ver reflejada en el crecimiento de áreas periféricas deprimidas mientras el desarrollo urbano informal, desembocó en principio en el volteo ilegal de tierras mientras las áreas rurales planas, antes dedicadas a la agricultura fueron convertidas en suelos urbanos pasando a ser presas de la especulación inmobiliaria, gracias a que desde los más altos niveles del poder político nacional desde el año 2000, se focalizaría a Soacha como la solución ideal para resolver la cada vez más reducida disponibilidad de suelo para el desarrollo urbano de la capital, y uno de los mayores negocios inmobiliarios de la economía colombiana.
El acelerado crecimiento demográfico que experimentó la ciudad durante estas dos décadas y media, motivado por la violencia política, el desplazamiento forzado, las migraciones naturales, la atracción de la ciudad por su cercanía al mercado de trabajo más importante del país, las posibilidades de vivienda, la seguridad, educación y la salud, no solo superaron las expectativa de los gobernantes que vivieron de espaldas al futuro, solo muestran el fracaso rotundo de la capacidad de gestión de los gobiernos que han ejercido el poder desde el año 2000 y mucho antes.
Con el beneplácito de una clase política local abyecta, subordinada al poder económico nacional y departamental, sin vergüenza y sin pudor, permitieron colocar el interés de los grupos económicos sobre las áreas rurales del municipio como uno de las mejores opciones para resolver la escases creciente de tierras urbanas de Bogotá para realizar los más lucrativos negocios del sector financiero, de las industrias de la construcción, las compañías constructoras, y de paso, endosándole descomunales problemas a la ciudad de Soacha.
El grave saldo ambiental, económico, industrial y cultural, heredado de 25 años de desgobiernos, improvisación y mediocridad de una clase política dirigente, ensimismada en el crecimiento de sus intereses personales, la conservación de un poder político sin perspectivas de progreso para sus gobernados, la conformación de una clientela política que les garantizara su permanencia en el poder, son el verdadero balance que hoy tenemos y cuya propuesta de POT, construido de espaldas a la realidad, y de la ciudadanía, no resolverá los problemas estructurales de la ciudad bajo las mismas lógicas del poder político y económico que hoy ha retornado al control del Estado.
Como si el desastre para la ciudad fuera cosa de poca monta, los esfuerzos de reorganización administrativa del territorio con el POT que el gobierno presentó a consideración del Concejo Municipal, ahora bajo la figura de la Región Metropolitana, Soacha terminará por convertirse en el patio trasero de Bogotá.
**Ángel Humberto Tarquino (Soacha, 1960), sociólogo, docente, escritor, historiador, periodista y columnista de SOACHA ILUSTRADA.
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