El POT de Soacha: el subsidio invisible al negocio inmobiliario lo pagan las mujeres

Por Daniela Barón Avella**

Podemos hacer mención a las diferentes alertas que nos deja la manera en que la actual administración de Soacha quiere organizar el crecimiento de la ciudad en los próximos 12 años, sin embargo, me referiré a un aspecto invisible en la propuesta de actualización del POT: la importancia del desarrollo de estructuras y equipamientos para asegurar el cuidado de la infancia, los adultos mayores, las personas con discapacidad y la comunidad en general. Este tema es importante porque cuando una ciudad no cuenta con infraestructura y servicios de cuidado, generalmente son las mujeres quienes llenan este vacío de manera diaria, sobrecargándose física, mental y financieramente.

A manera de ejemplo, muchas mujeres en Soacha hoy en día no encuentran cupos para el cuidado de menores de 0 a 5 años, por lo cual o deben acudir a trabajos informales y en espacio público donde puedan estar con ellos todo el día, pedir a otras mujeres de su familia que se encarguen de estar con los niños y niñas, o deben pagar a jardines infantiles privados y guarderías. Esta situación se repite a medida en que niños y niñas van creciendo, y si hablamos de las cuidadoras de personas con discapacidad el asunto es mucho más complejo porque ni siquiera se garantizan sedes y programas que funcionen todo el año. Al final del día encontramos mujeres sumamente agotadas a las que nadie tiende una mano, a pesar de que están cumpliendo con la función social más importante: sacar adelante a los hombres y mujeres del mañana.

Aun así, esta administración propone un POT que NO reserva suelo específico para infraestructura de cuidado, no garantiza financiación y no exige que los servicios estén funcionando antes de entregar las viviendas. El resultado es el de una ciudad que construye apartamentos, pero no construye las condiciones para sostener la vida cotidiana.

Cuando una nueva urbanización no tiene jardines infantiles, atención para personas mayores o con discapacidad, salud cercana, comedores, servicios comunitarios y transporte de proximidad, el costo no desaparece. Ese costo se transfiere a las familias y, principalmente, al tiempo y al trabajo no remunerado de las mujeres. Ese trabajo gratuito termina funcionando como un subsidio invisible a la expansión urbana: las constructoras entregan la vivienda y las mujeres completan con su tiempo la infraestructura social que la ciudad no construyó. El actual alcalde plantea que a Soacha deben llegar más de 125.800 nuevas familias, cuando aún no se asegura el cuidado de las que ya habitan el municipio.

Por eso el enfoque de género del POT no puede reducirse a iluminación, seguridad o lenguaje incluyente. Se deben intervenir las decisiones económicas del ordenamiento: dónde se localiza la vivienda social, qué equipamientos son obligatorios, cuándo deben entrar en funcionamiento, cómo se distribuye la captura de valor del suelo y quién paga los costos de reproducir diariamente la vida.

Aquí no se discute solamente dónde se puede construir o cuántos pisos se permiten. Estamos decidiendo quién se queda con el valor que crean las decisiones públicas del alcalde y el concejo de la ciudad, y quién asume después los costos que produce el crecimiento de la ciudad. El artículo 432 dice que los proyectos deben asumir la mayor proporción posible de las cargas para el desarrollo urbano, pero OJO, sin afectar su cierre financiero. Este POT cuida las finanzas de los proyectos urbanísticos privados sin exigir obligaciones en el desarrollo de vías, redes, parques y equipamientos para la ciudad.

En el suelo de expansión también se permite trasladar cargas previstas a otros lugares o pagarlas en dinero. Pero una vía, un parque o un jardín infantil dentro de una nueva urbanización cumplen funciones que no pueden reemplazarse con un lote distante o con un pago que se ejecutará años después. La ciudad no puede construirse primero y completarse después, cuando ya vivan allí miles de familias. Esto ya lo vivimos con proyectos urbanísticos como Ciudad Verde.

Igualmente, el POT permite que amplias áreas cercanas a vías arteriales e intermedias tengan mayor altura, más viviendas y nuevos usos sin plan parcial, generando enormes aumentos en el valor del suelo, especialmente en la Autopista Sur, pero el artículo 606 establece que en esas zonas urbanas pueden existir exenciones en el cobro de Plusvalía por parte del municipio. En este POT los proyectos privados reciben más altura, mayor densidad y mejores usos, pagando compensaciones limitadas; y, por ello, Soacha deja de liquidar una parte importante del valor que la propia ciudad produjo. Gran parte del articulado es un subsidio oculto al negocio inmobiliario.

Un POT no debe limitarse a hacer posible que se construya más. Debe garantizar que el valor creado por la ciudad regrese a la ciudad y que el crecimiento no se sostenga sobre el empobrecimiento del tiempo de las mujeres. La pregunta que debe responder el Concejo municipal es muy sencilla: cuando una decisión pública multiplica el valor de un terreno, ¿ese beneficio servirá para construir una Soacha con servicios, cuidados y derechos, o terminará concentrado en unos pocos negocios privados?

Soacha no necesita solamente más metros cuadrados. Necesita una ciudad que capture justamente su riqueza, distribuya sus beneficios y se haga responsable de sostener la vida.

**Daniela Barón Avella: Trabajadora Social y especialista en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.