Adoctrinamiento…

Por Ángel Humberto Tarquino**

El nombramiento de Vivian Morales como ministra de Educación constituye, a mi juicio, una señal muy preocupante para el futuro del sistema educativo colombiano. No se trata de cuestionar sus convicciones personales —a las que, como a las de cualquier ciudadano, debe asistir el pleno derecho a existir y expresarse—, sino de preguntarnos qué orientación filosófica, política y pedagógica puede imponerse desde el Ministerio de Educación cuando quien lo dirige ha defendido posiciones que están en abierta tensión con principios esenciales de la Constitución de 1991.

El verdadero peligro aparece cuando las creencias particulares, por legítimas que sean en el ámbito individual, pretenden convertirse en criterio para orientar la educación pública de toda una nación diversa. Colombia no puede retroceder hacia un modelo educativo en el que una determinada concepción religiosa o moral aspire a imponerse sobre la pluralidad de pensamientos, culturas y creencias que hoy conforman el país. La educación debe formar ciudadanos libres, capaces de pensar, argumentar, discrepar y construir sus propias convicciones; no obedientes reproductores de una verdad previamente establecida.

Esta preocupación adquiere mayor relevancia cuando la contrasto con mi experiencia educativa. Durante el bachillerato cursé estudios en una institución católica y, sin embargo, no recuerdo haber sido objeto de adoctrinamiento político o religioso por parte de sus directivos o profesores. Por el contrario, dentro de esa institución confesional, existían espacios para la lectura, el debate, la argumentación y el desarrollo del pensamiento crítico.

Durante los años que cursé en aquella institución, la educación no estaba orientada a fabricar creyentes sumisos ni militantes políticos. Si hubo algún tipo de “adoctrinamiento”, fue el de la literatura universal, el pensamiento crítico, la capacidad de argumentar, el desarrollo de la escritura y el debate sobre los problemas sociales cuyos resultados no fueron despreciables: una importante cantidad de estudiantes logró ingresar, por mérito académico, a universidades como la Nacional, la Pedagógica, la del Valle, los Andes y otras instituciones de educación superior.

Al frente de esa supuesta labor de “adoctrinamiento” estuvieron sacerdotes como el rector y párroco de Soacha y otros reconocidos hombres todos vinculados a las creencias cristianas que, lejos de clausurarnos la conciencia de estudiantes, contribuyeron a abrirnos las puertas de la lectura, la reflexión y el debate.

Ni siquiera el paso por méritos a las universidades públicas y privadas más prestigiosas del país lograron convertir a aquel grupo de jóvenes, formado en el ejercicio de la autonomía intelectual, en una masa ideológicamente uniforme.

El discurso político no logró imponerse sobre la capacidad individual de pensar; del mismo modo, la formación religiosa tampoco consiguió doblegar la libertad de conciencia de quienes decidieron construir sus propias convicciones. Esa debería ser una de las grandes lecciones de la educación.

La paradoja es evidente. Mientras algunos sectores han construido durante años el fantasma de un supuesto “adoctrinamiento político” ejercido por los maestros, en Colombia se produjo, como consecuencia de las libertades garantizadas por la Constitución de 1991, una creciente aparición de iglesias y congregaciones de las más diversas denominaciones. Se extendieron por las zonas urbanas y rurales, aumentaron considerablemente su número de fieles y, paralelamente, muchos de sus pastores y dirigentes consolidaron una importante influencia económica y, sobre todo, política.

Por eso, el debate sobre quién dirige la educación nacional no es un asunto menor. Está en juego el carácter mismo de la escuela colombiana. Está en juego la posibilidad de que las nuevas generaciones continúen siendo educadas para preguntar, dudar, investigar, argumentar y disentir. Si la educación pierde esa misión y se transforma en un instrumento para imponer verdades religiosas, morales o políticas desde el poder, Colombia estaría renunciando a uno de los mayores avances de la Constitución de 1991. La escuela no necesita más dogmas. Necesita más pensamiento.

La libertad religiosa no puede convertirse en licencia para imponer una religión. La libertad de pensamiento no puede ser utilizada para perseguir el pensamiento diferente. Y el derecho de una persona a defender sus propias convicciones no le otorga el derecho de utilizar el Estado para obligar a millones de colombianos a asumirlas.

ahtarquinog@gmail.com

**Ángel Humberto Tarquino (Soacha, 1960), sociólogo, docente, escritor, historiador, periodista y columnista de SOACHA ILUSTRADA.