El congresista del Pacto Histórico anunció que acudirá nuevamente ante la justicia, al considerar que Ana Lucía Pineda y su fundación incumplieron una orden judicial que exigía entregar información detallada sobre los recursos recibidos para atender a las víctimas del terremoto.
El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo rechazó la respuesta entregada por la Fundación Luz y Sonrisas, dirigida por la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, sobre el manejo de las donaciones destinadas a atender a los damnificados por el terremoto de 7,4 grados ocurrido en agosto pasado.
La controversia se intensificó luego de que un juez ordenara a Pineda y a su fundación publicar información detallada sobre las contribuciones recibidas, tras una acción judicial promovida por el congresista.
Sin embargo, Ocampo considera que la organización no cumplió integralmente con los ocho requerimientos establecidos por el despacho judicial.
“Vamos a enviarle un escrito al juez diciéndole que los ocho puntos que él obligaba a que me respondieran, solo me respondieron uno”, manifestó el senador, quien anunció que interpondrá un incidente de desacato.
Fundación reconoce donaciones por 17 millones de dólares
En su respuesta al requerimiento judicial, la Fundación Luz y Sonrisas sostuvo que no recibió ni administró recursos públicos y que, por su naturaleza privada, no está obligada a entregar sus libros contables, comprobantes ni extractos bancarios detallados.
“La Fundación (…) no ejerce funciones públicas, no presta servicios públicos y no recibe ni administra recursos públicos”, señala el documento.
No obstante, la organización reconoció haber recibido 17 millones de dólares, además de ayudas humanitarias procedentes de Estados Unidos, España y Panamá.
Según la información entregada, el 81 % de los recursos económicos fue destinado a la reconstrucción de instituciones educativas en Cali.
Oposición cuestiona el destino de las donaciones
El manejo de los recursos ha generado cuestionamientos desde el Pacto Histórico y otros sectores de oposición, que advierten una diferencia entre los 17 millones de dólares reconocidos por la fundación y los más de 200 millones de dólares en donaciones anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.
Los opositores sostienen que, aunque las contribuciones provengan de particulares y no constituyan recursos públicos, su destinación específica a la atención de las víctimas del terremoto exige transparencia y explicaciones detalladas sobre su recepción, administración y utilización.
Con el anuncio del incidente de desacato, la controversia pasará nuevamente al escenario judicial, donde se deberá determinar si la fundación cumplió con los requerimientos del juez y si está obligada a suministrar la información solicitada.
