La decisión afecta cerca de un millón de hectáreas en seis departamentos. El Ministerio de Agricultura argumenta que las delimitaciones presentaban problemas técnicos y desconocían competencias de las autoridades locales.
El Ministerio de Agricultura confirmó la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 59 municipios de seis departamentos del país, una decisión que comprende cerca de un millón de hectáreas y pone fin a las delimitaciones establecidas durante el gobierno de Gustavo Petro.
El anuncio fue realizado por el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, quien destacó que los últimos procedimientos se adelantaron en Tolima y Santander. En el norte del Tolima se desafectaron cerca de 48.000 hectáreas distribuidas en ocho municipios, mientras que en Santander la medida cobijó aproximadamente 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí.
Estas decisiones se suman a las derogatorias realizadas previamente en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba.
Problemas técnicos y cuestionamientos a las APPA
Según el Ministerio de Agricultura, la decisión se tomó después de una revisión técnica y jurídica, realizada en coordinación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
El análisis identificó imprecisiones cartográficas en la delimitación de las áreas, dificultades para articularlas con los instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en decisiones que afectan directamente sus actividades económicas.
La actual administración también cuestionó que la definición de estas áreas pudiera limitar las competencias de alcaldías y autoridades territoriales para establecer las prioridades productivas de sus municipios.
El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, defendió la derogatoria y sostuvo que las decisiones sobre el ordenamiento rural deben contar con mayor participación de los gobiernos locales.
“Esta es una medida absurda que había implementado el anterior gobierno de querer quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales. Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios”, afirmó.
Nueva orientación para el desarrollo rural
El Gobierno anunció que buscará impulsar una política de desarrollo rural que integre las distintas actividades económicas de cada región, sin generar conflictos entre la producción agrícola, pecuaria y otros sectores productivos.
La estrategia contempla promover la transformación agroindustrial, atraer inversión y fortalecer la infraestructura para mejorar las condiciones de producción y comercialización.
Con la derogatoria, el Ejecutivo busca devolver mayor margen de decisión a alcaldías y gobernaciones para definir sus apuestas productivas, establecer prioridades agropecuarias y orientar el desarrollo territorial, en coordinación con las comunidades y teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de cada región.
