En un acto realizado en el Coliseo del barrio León XIII, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo la instalación de la “Mesa por la Vida”, plan que busca la prevención y protección de los líderes sociales amenazados por estructuras armadas ilegales.
“El resultado de esta Mesa por la Vida será un plan de acción concreto. La protección de la vida de los líderes sociales no necesita más retórica, se requieren acciones y compromiso para superar esta crisis”, advirtió Carrillo Flórez.
Igualmente pidió constituir una mesa de seguimiento a las medidas de protección de líderes sociales y comunales, que esté compuesta por representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), el Ministerio Público y demás organismos estatales comprometidos con esta función.
Para el Procurador General realizar la “Mesa por la Vida” en Soacha, representa un símbolo de lucha por la libertad y la justicia en un municipio que es ejemplo de memoria y resiliencia.
“Aquí venimos a ratificar nuestro compromiso con la reconciliación y con la paz, y por supuesto, con la defensa de los líderes sociales”, dijo Carrillo Flórez.
Carrillo además anunció la puesta en marcha de una línea de intervención judicial para proteger a miembros y dirigentes de acción comunal que presenten acciones populares, de tutela o constitucionales, y la firma de un convenio con la Federación Nacional de Juntas de Acción Comunal para velar por la garantía y la defensa de la vida de los líderes comunales y delegó a Carlos Medina, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, para coordinar los componentes de prevención, protección e investigación con las instituciones directamente responsables y los representantes de las JAC.
“Vamos a intervenir con todos los procuradores judiciales en el país para garantizar que en desarrollo de esas actuaciones de tutela, populares, insisto, los demandantes, los que representan a las acciones comunales, tengan medidas de protección especiales acordes a la dimensión de la acción que están ejerciendo como un mecanismo de protección adicional”, dijo Carrillo Flórez.
Carrillo Flórez advirtió que hay procesos disciplinarios en curso contra alcaldes y gobernadores por omisiones frente a la estigmatización a los líderes y defensores de derechos humanos, próximamente el país conocerá las primeras decisiones.
“Lo único que no es admisible acá es la persistencia de las omisiones de los funcionarios públicos o la estigmatización de los líderes sociales por cuenta de quienes tienen la camiseta del Estado. Eso es absolutamente inaceptable e imperdonable” expresó.
Durante el evento la Procuraduría General y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmaron una carta de entendimiento con el objetivo de trabajar de manera articulada e intercambiar información relativa fortalecer el ejercicio de la función disciplinaria en los país.
Mayo 1 de 2019