Envían a prisión al exdirector de Función Pública y otros siete implicados por millonario desfalco en la UNGRD

Una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otras siete personas, por su presunta participación en un entramado de corrupción que desvió más de 100.000 millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) derivó en una decisión judicial contundente. La juez de garantías de Bogotá ordenó el envío a prisión del exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha, junto a otros siete presuntos implicados, por su participación en el desvío de millonarios recursos públicos.

Según la Fiscalía, los detenidos estarían involucrados en una red criminal que direccionó contratos por más de 100.000 millones de pesos, provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre los capturados figuran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey; su hija, Ana María Riveros Barbosa; y su cuñada, Sonia Rocío Romero Hernández, contratista de la UNGRD. También fueron judicializados Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representantes de la Corporación Mixta Yapurutú; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la Función Pública; y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la UNGRD.

Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

La investigación, adelantada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que Manrique Soacha habría facilitado y gestionado el direccionamiento de contratos a cambio de beneficios económicos, incluyendo el suministro de carrotanques, plantas desalinizadoras y servicios de topografía.

Uno de los contratos más cuestionados es el de la compra de 40 carrotanques para llevar agua a comunidades indígenas en La Guajira, firmado en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos. Según los peritos, se identificaron sobrecostos por 13.164 millones, de los cuales 3.000 millones habrían sido entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones a los directivos de Yapurutú.

La Fiscalía señaló que continuará con la judicialización de más implicados y pidió a los jueces imponer sanciones ejemplares para frenar la corrupción en los contratos públicos destinados a atender emergencias humanitarias.