Álvaro Ashton revela ante la JEP entramado de alianzas entre políticos, empresarios y paramilitares en la Costa Caribe

Durante su audiencia de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exsenador Álvaro Ashton Giraldo detalló cómo pactos políticos y económicos con estructuras paramilitares facilitaron la manipulación de elecciones, la cooptación institucional y el control político en el Caribe colombiano. Sus declaraciones implican a reconocidos dirigentes y empresarios de Atlántico, Magdalena y la región.

En una audiencia de continuidad de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el excongresista del Atlántico Álvaro Ashton Giraldo ofreció amplios aportes de verdad sobre las alianzas entre políticos, empresarios y grupos paramilitares que, según él, controlaron buena parte del poder político y económico en la Costa Caribe durante la expansión del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Ashton, quien se sometió como compareciente voluntario, reconoció su responsabilidad política y moral en estos hechos y se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva para las víctimas del conflicto en Atlántico y Magdalena.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ordenó remitir copias de sus declaraciones a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de determinar si hay mérito para abrir investigaciones penales contra las personas mencionadas.

Pactos de poder con el paramilitarismo

En audiencia celebrada los pasados 20 y 21 de febrero de 2025, Ashton explicó cómo los pactos económicos, políticos y electorales con las AUC facilitaron la cooptación institucional y la manipulación del voto en el Caribe. Señaló directamente a empresarios, alcaldes, gobernadores y congresistas que, según él, contribuyeron a sostener el dominio paramilitar bajo el mando de Édgar Ignacio Flórez Fierro (“Don Antonio”) y Carlos Mario García Ávila, líderes del Frente José Pablo Díaz.

De acuerdo con el exsenador, Efraín José Cepeda Sarabia, David Char Navas, Mario Enrique Varón Olarte, Jaime Cervantes Várelo, Jorge Alberto Gerlein Echeverría y él mismo habrían apoyado partidas presupuestales nacionales para proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz en alianza con la Alcaldía de Barranquilla.

“Todos ellos, incluyéndome a mí, ayudábamos a que del presupuesto nacional salieran partidas para financiar esos proyectos. Con esos recursos se nutrían para seguir delinquiendo en otros municipios”, declaró Ashton.

El compareciente también afirmó que el Congreso fue puesto al servicio de las AUC, citando como ejemplo los debates de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), donde —según él— el entonces congresista Armando Benedetti promovió artículos que favorecían a los grupos paramilitares, como el de sedición y alternatividad penal.

Red de políticos, empresarios y contratistas

Entre los nombres mencionados figuran el exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, su jefe de Planeación José Pérez Orozco, el empresario David Name Terán (propietario de Condesa), el exgobernador del Magdalena Trino Luna Correa, y Neyla Alfredina Soto Ruiz, conocida como “La Sombrerona”.

También señaló a la exalcaldesa de Soledad Rosa Stella Ibáñez y su secretario de Educación Alfredo Noya Zabaleta, a los excongresistas Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo, y a empresarios como Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y Javier Haddad, a quienes vinculó como financiadores del Bloque Norte.

Ashton añadió que la reforma política de 2003, que permitió la fragmentación de los partidos tradicionales y el surgimiento de movimientos como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, fue aprovechada por los paramilitares para consolidar su poder político.

“Todos esos partidos fueron creados para avanzar en el propósito de las autodefensas de tomarse el poder desde arriba”, afirmó, señalando a Óscar Darío Pérez Pineda, Óscar Alberto Arboleda Palacio y Jorge de Jesús Castro Pacheco como impulsores de esa estrategia.

La masonería y la infiltración institucional

Un aspecto inédito de su testimonio fue la referencia a la organización masónica de Barranquilla, que —según Ashton— sirvió como espacio de encuentro y articulación política, económica y social entre empresarios, dirigentes locales y emisarios de las AUC. Algunos miembros, dijo, facilitaron reuniones, apoyos financieros y acercamientos entre líderes políticos y paramilitares bajo una fachada de legitimidad social.

El exsenador también reveló la infiltración del paramilitarismo en instituciones públicas, como la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa Triple A, utilizadas para ejercer control político y social.

“Hoy la Universidad del Atlántico padece las consecuencias de esa complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, reconoció.

Aportes de verdad y compromisos restaurativos

La Subsala de Comparecientes Voluntarios de la JEP concluyó que las revelaciones de Ashton contribuyen significativamente al esclarecimiento de la verdad sobre la parapolítica en el Caribe, al exponer las conexiones entre poder político, económico y estructuras armadas ilegales.

El exsenador aceptó que su conducta ayudó “a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley”, pidió perdón público a los ciudadanos de Barranquilla y reafirmó su responsabilidad “personal y política, de manera consciente y deliberada”.

Como parte del régimen de condicionalidad de la JEP, Ashton se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación colectiva, enfocados en el fortalecimiento social, la educación y la reparación simbólica de las víctimas.