Controversia entre el gobernador de Cundinamarca y el Gobierno Petro por retrasos en proyectos de acueducto y alcantarillado

Más de 66 proyectos de agua y saneamiento, por un valor cercano a los 820.000 millones de pesos, se encuentran frenados en Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey acusa al Ministerio de Vivienda de dilatar su aprobación, mientras la cartera asegura que la mayoría de los estudios están desactualizados y no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

En los últimos días, una nueva controversia política se ha desatado entre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a raíz del presunto estancamiento de más de 66 proyectos de acueducto y alcantarillado en el departamento. Según el mandatario regional, las iniciativas —valoradas en aproximadamente 820.000 millones de pesos— estarían paralizadas en la ventanilla del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por falta de viabilización técnica.

“Los proyectos llevan más de 20 meses congelados en evaluación sin recibir conceptos claros ni oportunos”, denunció Rey, señalando que el retraso afecta la ejecución de obras esenciales para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento básico de miles de habitantes en las provincias cundinamarquesas.

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda respondió con un comunicado en el que aclara la situación real de los 108 proyectos de agua y saneamiento presentados por Cundinamarca —tanto los radicados por Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) como los entregados directamente por los municipios—, y señala que muchos de ellos presentan falencias técnicas y desactualización en sus estudios.

Proyectos desactualizados y requisitos incumplidos

De acuerdo con la cartera de Vivienda, los proyectos deben cumplir con las exigencias de la Resolución 0661 de 2019, que establece que los estudios y diseños deben estar actualizados al año de presentación, además de cumplir con criterios de sostenibilidad, funcionalidad y protección ambiental.

El Ministerio reveló que la mayoría de los proyectos fueron elaborados entre 2018 y 2020, es decir, hace entre cinco y siete años, durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, y permanecieron archivados hasta ser retomados en la actual administración.

En el caso de los 26 proyectos presentados por EPC entre 2024 y 2025, se determinó que 23 están en revisión documental, 1 en evaluación técnica y 2 fueron devueltos, precisamente por no cumplir con la actualización requerida.

El análisis general de los 108 proyectos muestra el siguiente panorama:

• 3 proyectos devueltos en fase de evaluación.

• 9 proyectos devueltos en revisión preliminar.

• 8 proyectos en etapa de evaluación detallada.

• 88 proyectos en revisión documental, ninguno con cumplimiento total de los requisitos de la Resolución 0661.

Cuello de botella técnico y administrativo

La situación ha evidenciado un cuello de botella institucional. Aunque existen recursos comprometidos por más de 820.000 millones de pesos, su ejecución depende de que los entes territoriales actualicen los documentos técnicos.

El Gobierno Nacional insiste en que la agilización del proceso está en manos de los municipios y de la Gobernación, quienes deben subsanar las observaciones para que los proyectos puedan avanzar hacia su fase de ejecución.

Por su parte, el Ministerio informó que trabaja en una modificación de la Resolución 0661 de 2019, con el objetivo de simplificar los trámites y otorgar mayor autonomía a los territorios para agilizar la viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

Prioridad nacional: derecho al agua

En su pronunciamiento, la cartera de Vivienda recalcó que el Gobierno Petro considera prioritaria la garantía del derecho al agua y al saneamiento básico, e hizo un llamado a la corresponsabilidad institucional para evitar que la discusión derive en una pugna política.

“Más que señalar culpables, buscamos que Gobernación, municipios, EPC y Ministerio trabajen de manera coordinada para que las obras lleguen efectivamente a los territorios”, subrayó la entidad.

Entre las acciones inmediatas que se esperan destacan:

• Actualización de estudios y diseños por parte de EPC y los municipios.

• Presentación de subsanaciones técnicas para recibir conceptos favorables.

• Priorización de 17 proyectos con mayor grado de cumplimiento normativo.

• Revisión del marco normativo para facilitar futuras viabilizaciones.

Una disputa que trasciende la política

Más allá de la controversia política, el conflicto refleja una problemática estructural: la lentitud técnica y normativa que impide ejecutar obras fundamentales para la salud pública y el desarrollo regional.

En el fondo, no se trata solo de competencias institucionales, sino de la urgencia por garantizar agua potable y saneamiento digno a las comunidades cundinamarquesas. Con el dinero disponible, los proyectos listos y la normativa en revisión, el desafío será lograr que la coordinación entre niveles de gobierno permita transformar los documentos en obras concretas.