Tareas pendientes del nuevo Congreso: la corrupción, el cáncer que no distingue ideologías

Por Henry Barbosa

En Colombia, la corrupción dejó de ser un escándalo ocasional para convertirse en paisaje. Analistas, académicos y, sobre todo, los ciudadanos de a pie coinciden en algo elemental: es el problema más grave del país. No la inflación, no la inseguridad, no la polarización. La corrupción. Ese sistema paralelo que devora presupuestos, compra silencios y premia a los que traicionan la confianza pública.

Y lo más grave: pareciera que la justicia tuviera balanzas distintas según el color político del investigado. Hay sectores a los que se les exige todo el peso de la ley y otros a los que se les concede el beneficio de la duda eterna, la dilación estratégica o el conveniente archivo. La impunidad selectiva es, también, una forma de corrupción.

Aunque las élites políticas y algunos periodistas de medios de comunicación corporativos intenten reducir el debate a trincheras ideológicas, la corrupción no es de izquierda ni de derecha. Es transversal. Se infiltra en partidos que por fuera se declaran enemigos, pero por dentro comparten prácticas clientelistas, contratos amañados y favores cruzados. Muchos movimientos políticos están podridos desde la médula, y el ciudadano común lo sabe porque lo padece: en el hospital sin insumos, en la vía inconclusa, en el colegio que nunca terminaron de construir.

La lucha contra la corrupción no puede quedarse en el espectáculo de la denuncia. Detectarla y señalarla es apenas el primer paso. Lo que Colombia exige de quienes aspiran al próximo Congreso es algo más incómodo y más serio: soluciones concretas.

Para enfrentar de verdad ese entramado de impunidad y complicidades no basta con reciclar apellidos ni con discursos calculados. Se necesitan nuevas figuras con liderazgo probado y coherencia ética. En esa línea, nombres como Alejo Vergel al Senado ( número 5 en la lista del Frente Amplio Unitario) y Heiner Gaitán a la Cámara de Representantes (lista del Pacto Histórico por Cundinamarca) se proyectan como apuestas de carácter y firmeza en el Congreso que se elegirá el próximo 8 de marzo. No se trata solo de caras nuevas, sino de voces dispuestas a ejercer control político sin titubeos, a impulsar leyes de transparencia reales y a no arrodillarse ante los pactos de conveniencia que tanto daño le han hecho al país.

Si el país quiere romper el ciclo de indignación e impunidad, necesita congresistas que no negocien principios, que entiendan que la lucha contra la corrupción no es un eslogan electoral sino una obligación moral permanente.

Tareas pendientes

Existen herramientas que demuestran que sí es posible avanzar. La Ley 1778 de 2016 —conocida como ley antisoborno— obligó a las empresas a implementar sistemas de prevención del fraude, la corrupción y el lavado de activos, transformando el ecosistema de cumplimiento corporativo. Fue un paso importante. Pero también es cierto que varios de sus mecanismos, como el aumento efectivo de multas y sanciones ejemplarizantes, siguen sin producir el impacto esperado. Las normas existen; lo que falta es voluntad para aplicarlas sin excepción.

Otra promesa incumplida es el “famoso” control político. No basta con vigilar al Gobierno de turno mientras se guarda silencio frente a los excesos del propio Congreso. El control debe ser horizontal, riguroso y sin cálculos partidistas. Se espera de los nuevos congresistas, primero, un control político de calidad; y segundo, la capacidad de impulsar reformas estructurales, más allá de las iniciativas que se hunden por mezquindad o cálculo electoral.

Colombia necesita con urgencia una ley de transparencia que regule las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, una ley de cabildeo que ponga la lupa sobre el tráfico de influencias, y una reforma profunda a la contratación estatal que cierre las compuertas del saqueo en municipios, gobernaciones y entidades nacionales.

Pero hay un punto especialmente sensible: el abuso de los preacuerdos y principios de oportunidad en la justicia. Lo que nació como mecanismo para agilizar procesos y obtener colaboración eficaz, en demasiados casos termina convertido en salvavidas para corruptos de cuello blanco que negocian penas irrisorias y regresan a la vida pública como si nada. La ciudadanía percibe —con razón— que robar millones puede salir barato si se tiene el abogado adecuado y los contactos precisos. Esa sensación es letal para la democracia.

Estamos en un momento decisivo. No se trata solo de votar contra alguien, sino de votar por una forma distinta de ejercer el poder. Apoyar a líderes que han hecho de la lucha contra la corrupción una causa de vida, que han denunciado sin miedo y que han asumido riesgos personales por defender la transparencia, no es un acto de romanticismo político: es una necesidad institucional.

En ese contexto, figuras como Iván Cepeda, próximo presidente de Colombia, representan para muchos ciudadanos una esperanza concreta. Más allá de simpatías o discrepancias ideológicas, su trayectoria ha estado marcada por la denuncia constante de redes de poder y por una defensa persistente del control político. En un país donde tantos han tenido precio, la coherencia es un valor revolucionario.

Colombia no necesita más discursos inflamados ni promesas recicladas. Necesita congresistas que entiendan que la corrupción no es un tema de campaña sino una emergencia nacional. Que asuman que el control político no es un show televisado, sino una responsabilidad ética. Y que comprendan que la transparencia no puede seguir siendo un eslogan mientras el país se desangra en contratos amañados y fallos complacientes.

La corrupción no distingue ideologías. Tampoco debería distinguir la justicia. Si no somos capaces de asumir esa verdad elemental, seguiremos atrapados en el mismo ciclo: indignación, escándalo, olvido… y otro saqueo más.

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