La condena contra el senador del Centro Democrático revela cómo la contratación pública fue utilizada para tejer una red de poder político en varias regiones, con fuerte impacto en el Tolima.
La sentencia de 438 páginas de la Corte Suprema de Justicia que condena a 23 años de prisión al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés menciona al Tolima en 54 ocasiones. No es un dato menor: buena parte de los contratos irregulares que sustentan el fallo estaban relacionados con obras de infraestructura en municipios como Saldaña, Mariquita, Purificación, Melgar y Villarrica.
El expediente hace parte del caso conocido como “Las Marionetas”, una trama de corrupción en la que también figura como pieza clave el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Pierre Eugenio García Jacquier, oriundo del Tolima e hijo del exsenador Carlos García Orjuela, actualmente prófugo de la justicia.
Una alianza política que se fortaleció en el Congreso
La relación entre Ramírez y García se remonta a 2014, cuando ambos fueron elegidos representantes a la Cámara por el Centro Democrático, por Boyacá y Tolima, respectivamente. Coincidieron en la Comisión Tercera de la Cámara, una de las células económicas del Congreso, donde consolidaron una cercanía política y personal.
Durante su paso por el Legislativo, trabajaron de manera articulada: promovieron proyectos de ley conjuntos, participaron en debates de control político y compartieron agenda en distintos eventos institucionales.
El salto al poder y el control de la contratación
En 2018, Ramírez logró llegar al Senado con 36.677 votos, mientras García no alcanzó una curul. Sin embargo, el entonces presidente Iván Duque lo nombró en la Subdirección General de Programas y Proyectos del DPS, entidad que posteriormente dirigiría de forma encargada.
Desde ese cargo, según la Corte Suprema, se estructuró una “empresa criminal organizada” con el objetivo de capturar la contratación pública y traducirla en beneficios políticos y fortalecimiento de estructuras de poder regional.
El eje de la operación fue el Convenio Interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el DPS y la empresa Proyecta Quindío. A través de este mecanismo, se direccionaron más de 48.000 millones de pesos en contratos de obra e interventoría.
Contratos direccionados y beneficios políticos
El alto tribunal concluyó que Ramírez actuó como determinador en la adjudicación irregular de contratos, que terminaron en manos de consorcios previamente definidos. Este esquema permitió consolidar influencia política en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
A cambio, se habrían entregado dádivas cercanas a los 1.000 millones de pesos, en un entramado que combinó delitos como concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
El crecimiento electoral en el Tolima
Los efectos políticos de esta red también se reflejaron en las urnas. En el Tolima, Ramírez pasó de obtener 692 votos al Senado en 2018 a 3.743 en 2022, un incremento significativo que, según la investigación, estaría vinculado a alianzas regionales.
Entre los apoyos locales aparece el nombre de Milton Restrepo, actual gerente de Ibagué Limpia, quien recibió respaldo público del senador durante su aspiración a la Cámara en 2018.
Un caso que sigue abierto
Aunque la condena contra Ramírez representa un avance en la lucha contra la corrupción, el caso de “Las Marionetas” está lejos de concluir. Otras figuras políticas continúan bajo investigación, entre ellas el senador conservador Miguel Barreto, quien también es indagado por presuntos beneficios derivados de contratos del DPS.
Mientras avanzan las investigaciones, el Tolima permanece en el centro del escándalo, evidenciando cómo recursos destinados a la inversión social terminaron, según la justicia, al servicio de intereses políticos particulares.
Los tentáculos de Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático condenado por corrupción added by CASAEDITORIALZUMAPAZ on
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