Eutanasia sin fase terminal: así cambia el derecho a morir dignamente en Colombia

La nueva Resolución 813 de 2026 amplía el acceso a la eutanasia más allá de pacientes terminales y refuerza la autonomía del paciente en decisiones sobre el final de la vida.

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 813 de 2026, una norma que actualiza y unifica las reglas del derecho a morir dignamente en el país. El nuevo marco regula tanto la eutanasia como la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, e introduce cambios clave en los criterios de acceso y los procedimientos.

Uno de los puntos más relevantes es que la eutanasia deja de estar restringida exclusivamente a personas con enfermedades en fase terminal. A partir de esta resolución, el procedimiento podrá solicitarse también en casos donde exista una condición de salud extrema que provoque sufrimiento intenso, intratable e irremediable.

La norma precisa que estas condiciones pueden derivarse de enfermedades graves e incurables, situaciones clínicas de final de vida o incluso lesiones corporales severas. En todos los escenarios, la solicitud deberá ser voluntaria, informada e inequívoca, y estará sujeta a un proceso de verificación médica e interdisciplinaria.

El eje central de la regulación es el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La resolución establece que las personas podrán elegir entre distintas alternativas, como cuidados paliativos, adecuación de los esfuerzos terapéuticos o eutanasia, sin que sea obligatorio agotar una opción para acceder a otra.

En cuanto a la manifestación de la voluntad, se amplían y detallan los mecanismos disponibles. Se reconocen la solicitud verbal o escrita, el Documento de Voluntad Anticipada, el Registro de Solicitud de Eutanasia y el consentimiento informado como vías válidas para expresar la decisión.

La norma también contempla el consentimiento sustituto en situaciones excepcionales, cuando el paciente no pueda manifestar directamente su voluntad. En estos casos, se deberá verificar la existencia de una expresión previa o de elementos suficientes que permitan inferir su posición frente al derecho a morir dignamente.

Adicionalmente, se incorporan los llamados “apoyos interpretativos de la voluntad”, especialmente en personas con discapacidad. Sin embargo, la regulación es clara en que estos apoyos no pueden crear, modificar ni sustituir la decisión del paciente.

Otro cambio importante es la redefinición del rol de los comités. Los Comités Interdisciplinarios de Eutanasia serán responsables de verificar las condiciones de elegibilidad, mientras que los Comités de Ética Hospitalaria intervendrán en casos de conflictos ético-clínicos relacionados con la adecuación de los tratamientos.

El proceso también queda sujeto a plazos definidos. En el caso de adultos, la evaluación de las condiciones deberá realizarse dentro de los diez días calendario siguientes a la solicitud, mientras que para menores de edad el plazo se extiende a quince días.

La resolución mantiene la obligación de garantizar cuidados paliativos y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos como parte del acompañamiento integral en el proceso de muerte. Esto incluye el manejo del dolor, el control de síntomas y el apoyo al paciente y su entorno familiar.

Finalmente, la Resolución 813 de 2026 entra en vigencia desde su expedición, modifica parcialmente la Resolución 13437 de 1991 y deroga las resoluciones 825 de 2018 y 971 de 2021, que regulaban previamente el derecho a morir dignamente en Colombia.