Congresistas del Pacto Histórico denunciaron penalmente al concejal Andrés Gury Rodríguez por presunto hostigamiento agravado tras unas declaraciones en las que sugirió “bombardear” zonas del país según su comportamiento electoral.

La controversia por unas declaraciones del concejal de Medellín Andrés Gury Rodríguez escaló al ámbito judicial. El representante a la Cámara Gabriel Becerra y el senador Alex Flórez, ambos del Pacto Histórico, presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto delito de hostigamiento agravado, al considerar que el cabildante promovió un discurso de odio e incitación a la violencia.
La acción judicial se originó por las declaraciones pronunciadas por Rodríguez durante una sesión del Concejo de Medellín el pasado 23 de junio, en las que planteó la posibilidad de “bombardear” determinadas regiones del país de acuerdo con los resultados electorales obtenidos por sectores de izquierda.
Según los congresistas, el concejal afirmó que en los territorios donde el entonces candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, obtuvieron mayor respaldo electoral “allá están los bandidos”, insinuando que esas zonas tendrían influencia de grupos armados ilegales y justificando el uso de medidas de fuerza.
Denuncia por presunto hostigamiento agravado

En la denuncia presentada por el representante Gabriel Becerra se solicita investigar a Rodríguez por el presunto delito de hostigamiento agravado. El documento argumenta que las expresiones vulnerarían principios fundamentales de la Constitución Política relacionados con el pluralismo, la igualdad, la no discriminación, la paz y las garantías para el ejercicio de la oposición política.
La denuncia cita los artículos 1, 2, 13, 20, 22 y 112 de la Carta Política, al considerar que las declaraciones estigmatizan a sectores de la población por sus preferencias políticas.
Además, Becerra recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Unión Patriótica contra Colombia, señalando que el Estado tiene la obligación de prevenir discursos de estigmatización que históricamente han derivado en episodios de violencia política.
Alex Flórez también acudió a la Fiscalía y la Procuraduría

Por su parte, el senador Alex Flórez calificó las declaraciones del concejal como una presunta “incitación a la violencia y al genocidio”.
Además de radicar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria contra Rodríguez, argumentando que ese tipo de pronunciamientos resultan incompatibles con el ejercicio de un cargo de elección popular y podrían constituir una grave falta disciplinaria.
Petro cuestionó las declaraciones
La polémica también llegó a la Presidencia de la República. A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro criticó duramente las afirmaciones del concejal.
El mandatario aseguró que ese tipo de expresiones “expresan la doctrina jurídica de Hitler y legitiman un delito”, al tiempo que advirtió que “criminalizar un grupo por razones étnicas, políticas o de color de piel se llama fascismo y termina en genocidio”.
Las declaraciones del jefe de Estado intensificaron el debate político sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los funcionarios elegidos por voto popular.
Defensoría del Pueblo pidió retractación
La Defensoría del Pueblo también intervino en la controversia mediante un pronunciamiento institucional en el que rechazó las declaraciones del concejal por considerarlas incompatibles con los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos.
La entidad solicitó formalmente a Andrés Gury Rodríguez que se retracte de sus afirmaciones y remitió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe si los hechos podrían configurar delitos como instigación a delinquir o amenazas colectivas.
Asimismo, recordó que el fuero derivado de la elección popular no protege la promoción de discursos de odio ni la señalización de territorios o comunidades como objetivos militares por razones relacionadas con sus decisiones electorales.
La investigación queda en manos de la Fiscalía
Con las denuncias presentadas por los congresistas del Pacto Histórico y las solicitudes elevadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, será ahora la Fiscalía General de la Nación la encargada de determinar si las declaraciones del concejal Andrés Gury Rodríguez constituyen alguna conducta penal y si existen méritos para abrir una investigación formal.
El caso se suma a la creciente tensión política que vive el país tras las elecciones presidenciales y reabre el debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los discursos que puedan promover la estigmatización o la violencia por razones políticas.