Cundinamarca incorporó la protección animal en la gestión del riesgo de desastres y capacitó a los 116 municipios para aplicar la nueva normativa en emergencias.
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La protección de animales de compañía, producción y fauna silvestre ya forma parte oficial de los protocolos de atención de emergencias en Cundinamarca. La medida cobija a los 116 municipios del departamento, que fueron capacitados para implementar la nueva normativa en el marco de la gestión del riesgo de desastres.
La socialización fue liderada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en una jornada en la que se presentaron los alcances de la Ley 2474 de 2025 y la Resolución 0210 de 2026, normas que reconocen a los animales como sujetos de protección dentro de la atención integral de emergencias.
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Durante la apertura del encuentro, el director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas, resaltó la necesidad de actualizar los instrumentos de planeación territorial para integrar de forma efectiva este enfoque en la preparación, respuesta y recuperación ante desastres.
Según lo expuesto, los nuevos lineamientos incluyen protocolos para evacuación, rescate, valoración veterinaria, traslado, habilitación de refugios temporales, suministro de agua y alimento, así como procesos de reencuentro con familias y reintroducción de fauna silvestre cuando sea posible.
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La capacitación también estableció responsabilidades para los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y entidades de los sectores ambiental, agropecuario y de salud, con el fin de garantizar una respuesta coordinada ante cualquier evento de emergencia.
Además, se presentaron herramientas de apoyo a la planeación territorial, como censos de población animal, identificación de capacidades operativas, creación de redes de apoyo comunitario y fortalecimiento de la formación de los organismos de respuesta.
Con esta implementación, la Gobernación de Cundinamarca busca consolidar un modelo de gestión del riesgo más integral, en el que la protección animal sea un componente estructural de la respuesta institucional ante desastres.