El agua también desnuda el poder

Ambición, mediocridad y corrupción han terminado convirtiéndose en los pilares de una institucionalidad que ha demostrado ser mucho más resistente que cualquier discurso de cambio.

Por Henry Barbosa

El aumento de las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado no constituye un simple ajuste técnico. Es la confirmación de que, en Colombia, las estructuras del poder económico poseen una capacidad de supervivencia muy superior a la de cualquier proyecto político que pretenda transformarlas. Los gobiernos pasan; el modelo permanece.

La nueva metodología tarifaria adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) no nació en un vacío histórico. Es heredera de una concepción del Estado que convirtió los servicios públicos en un mercado regulado, donde la eficiencia financiera, la rentabilidad del capital y la recuperación plena de los costos ocupan un lugar preponderante sobre el carácter social de bienes esenciales como el agua. Es una visión construida durante décadas bajo el predominio del pensamiento neoliberal, según el cual el Estado no debe intervenir para abaratar los servicios, sino garantizar las condiciones para que los operadores recuperen sus inversiones y obtengan una rentabilidad considerada suficiente.

Ese paradigma, consolidado con las reformas económicas de la década de los noventa, ha sido sostenido y fortalecido por sucesivos gobiernos de derecha, respaldado por mayorías legislativas complacientes y perpetuado a través de una dirigencia política que, con demasiada frecuencia, ha privilegiado los intereses del poder económico sobre el bienestar colectivo.

Ambición, mediocridad y corrupción han terminado convirtiéndose en los pilares de una institucionalidad que ha demostrado ser mucho más resistente que cualquier discurso de cambio. La regulación, concebida para blindar ese modelo, posee una inercia institucional que trasciende la voluntad política de los gobiernos y limita la capacidad de transformar las estructuras que reproducen la desigualdad.

En ese contexto debe entenderse la contradicción que hoy enfrenta el gobierno de Gustavo Petro. Llegó al poder prometiendo corregir las profundas desigualdades producidas por un modelo económico que convirtió derechos fundamentales en mercancías. Sin embargo, terminó administrando buena parte de esa misma arquitectura institucional. No porque necesariamente hubiera renunciado a sus postulados ideológicos, sino porque gobernar implica enfrentarse a un entramado jurídico, regulatorio y burocrático diseñado precisamente para impedir que las reglas del mercado cambien al ritmo de los resultados electorales.

La CRA con la Resolución CRA 1032 de 2026 confirmó que es una expresión de esa continuidad institucional. Sus metodologías no obedecen al ciclo político sino a una lógica regulatoria que privilegia la estabilidad del sistema, la sostenibilidad financiera y la confianza de los operadores. En términos económicos puede ser coherente; en términos sociales resulta profundamente cuestionable cuando el ajuste termina trasladándose, una vez más, al usuario.

El caso del agua evidencia una realidad incómoda para cualquier gobierno que aspire a modificar el modelo económico colombiano: conquistar la Presidencia no equivale a conquistar el Estado. Existen instituciones con altos niveles de autonomía, marcos legales blindados y diseños regulatorios cuya permanencia responde precisamente a la intención de aislar determinadas decisiones de las mayorías políticas circunstanciales.

Por ello, el incremento de las tarifas representa mucho más que unos cuantos pesos adicionales en la factura mensual. Simboliza la extraordinaria capacidad del modelo económico para reproducirse incluso bajo administraciones elegidas con el mandato explícito de transformarlo.

Durante décadas, buena parte del establecimiento político, económico y mediático presentó este esquema como la única alternativa racional posible. Toda crítica fue calificada de populista; toda propuesta de mayor intervención estatal fue descrita como una amenaza para la estabilidad económica. Esa narrativa terminó naturalizando que los ciudadanos asumieran permanentemente los costos del sistema mientras los beneficios de la eficiencia se medían casi exclusivamente desde la perspectiva de los mercados y no del bienestar colectivo.

El desenlace resulta tan elocuente como inquietante. El gobierno que más cuestionó el paradigma neoliberal concluye su mandato aplicando una metodología tarifaria concebida bajo los principios de ese mismo paradigma. No es únicamente una derrota política. Es la demostración de que las transformaciones estructurales no dependen exclusivamente de la voluntad presidencial, sino de la capacidad de modificar las instituciones donde realmente reside el poder.

Las elecciones pueden cambiar el gobierno. Cambiar el modelo exige transformar las reglas que gobiernan al Estado. Y esa batalla, como demuestra hoy la factura del agua, está muy lejos de haber sido ganada.

henrybarbosa@outlook.com