Por Henry Barbosa
Hay tragedias que no deberían repetirse. Sin embargo, en Colombia se han convertido en una dolorosa rutina. Cada nueva víctima de violencia contra la mujer es un recordatorio de que las campañas, los discursos oficiales y los mensajes en redes sociales no están siendo suficientes para proteger la vida de quienes más lo necesitan.
No basta con condenar los hechos cuando ya son noticia. No basta con expresar solidaridad cuando una familia llora a una hija, una madre o una hermana asesinada. La protección de las mujeres no puede depender de la suerte, del lugar donde vivan o de su condición económica. Es una obligación irrenunciable del Estado y un compromiso ineludible de toda la sociedad.
El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado, en Soacha, es una muestra desgarradora de un sistema que llegó tarde. Era una joven madre que, consciente del peligro que enfrentaba, acudió en dos oportunidades a solicitar acompañamiento policial. Pidió ayuda. Alertó sobre el riesgo. Confió en las instituciones. Pero la respuesta no fue suficiente. Finalmente fue asesinada, dejando tras de sí una familia destruida y una pregunta que duele más que cualquier estadística: ¿qué más debía hacer una mujer para que la protegieran?

Y cuando la indignación por este crimen aún no se apagaba, el país recibió otra noticia devastadora. En Medellín, Jhanet Estella Álvarez Rivera, de 52 años, murió luego de ser atacada con un arma cortopunzante dentro de su propia vivienda, en el barrio Popular 2. Dos ciudades distintas. Dos mujeres diferentes. Un mismo desenlace. Una misma incapacidad institucional para evitar que la violencia terminara en feminicidio.
Las autoridades insisten, con razón, en que las mujeres denuncien cualquier forma de violencia, ya sea física, psicológica, verbal, sexual o económica. Explican que, una vez recibida la denuncia, se activan las rutas institucionales junto con las comisarías de familia y la Fiscalía para adoptar medidas de protección.
Pero la realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando una mujer sí denuncia y, aun así, termina asesinada? Allí es donde el sistema debe hacer un profundo examen de conciencia. Porque una ruta de atención que no logra proteger la vida deja de ser una garantía y se convierte en una promesa incumplida.
Es indispensable que las mujeres continúen denunciando. El silencio nunca será la solución. Cada amenaza, cada agresión, cada acto de control o intimidación debe ponerse en conocimiento de las autoridades de inmediato. Proteger la vida debe seguir siendo la prioridad absoluta.
Sin embargo, esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre las víctimas. El Estado debe fortalecer las medidas de protección, agilizar las respuestas, hacer seguimiento efectivo a los casos de riesgo y garantizar que ninguna denuncia termine archivada mientras el peligro sigue creciendo.
En municipios como Soacha no caben esfuerzos tímidos ni campañas esporádicas. Es urgente reforzar, ampliar y divulgar permanentemente las jornadas de prevención junto con la Secretaría de Desarrollo Social, las comisarías de familia, la Policía y las organizaciones comunitarias. Los colegios, las empresas, los barrios, el transporte público y los espacios de mayor concurrencia deben convertirse en escenarios donde las mujeres conozcan las rutas de atención y sepan que no están solas.
Cada feminicidio representa una derrota colectiva. No es un problema privado ni una simple cifra para alimentar informes oficiales. Es el fracaso de un país que todavía no logra garantizar el derecho más elemental: el derecho a vivir.
No queremos más flores sobre un ataúd. No queremos más minutos de silencio, ni comunicados de condolencias, ni promesas pronunciadas después de cada tragedia. Lo que Colombia necesita son mujeres vivas, protegidas y libres de miedo. Porque cuando una mujer pide ayuda, no está solicitando un favor. Está reclamando un derecho. Y ese derecho debe ser defendido antes de que sea demasiado tarde.