La empresa, ubicada en el barrio Santa Ana, operaba sin su planta de tratamiento de aguas residuales. La autoridad ambiental ordenó suspender las descargas y exigió pruebas sobre la disposición final de residuos peligrosos.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva en flagrancia contra una empresa del barrio Santa Ana, en Soacha, tras detectar vertimientos de aguas residuales industriales al alcantarillado público sin el tratamiento correspondiente.
Durante una visita de inspección, profesionales de la Dirección Regional Soacha evidenciaron que la compañía, dedicada al almacenamiento, lavado, tratamiento y reconstrucción de tambores metálicos y garrafas plásticas que contienen residuos peligrosos, desarrollaba sus actividades sin tener en funcionamiento su planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Según la CAR, las aguas residuales que no ingresaban al sistema de tratamiento estaban siendo descargadas directamente al alcantarillado municipal, lo que representa un riesgo ambiental por la presencia de residuos que requieren un manejo especializado.
CAR ordenó suspender los vertimientos
De acuerdo con la directora encargada de la Regional Soacha, Paola Andrea Montes Lázaro, el personal de la empresa manifestó que la planta había dejado de funcionar por un cortocircuito ocurrido ese mismo día. Sin embargo, las condiciones observadas durante la inspección indicaban que la interrupción del sistema podría llevar más de un día.
Ante esta situación, la autoridad ambiental ordenó suspender los vertimientos de aguas residuales sin tratar y las actividades que los generan, hasta que la planta vuelva a operar correctamente y se demuestre el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
La CAR también revisó los documentos presentados por la compañía para acreditar la disposición de sus aguas residuales. No obstante, encontró que los soportes aportados eran insuficientes para demostrar que los residuos líquidos y los lodos hubieran sido entregados efectivamente a gestores autorizados y recibieran una disposición final adecuada.
La empresa tampoco presentó las actas ni los certificados necesarios para verificar la entrega de estos residuos a las compañías responsables de su recepción y tratamiento.
Exigirán pruebas de laboratorio y contra muestreo
La CAR exigirá a la empresa análisis de laboratorio que permitan verificar la calidad de los vertimientos y realizará un contra muestreo independiente para contrastar los resultados y determinar si se cumplen los parámetros ambientales aplicables a las descargas al alcantarillado público.
Además, la compañía deberá aportar los documentos que acrediten la entrega y disposición final de los residuos líquidos gestionados por terceros, incluidas las actas y los certificados expedidos por los gestores responsables.
Montes Lázaro recordó que la responsabilidad ambiental de una empresa generadora de residuos no termina al entregarlos a un recolector o transportador. También debe garantizar y demostrar que sean gestionados por operadores autorizados y reciban el tratamiento o la disposición final correspondiente.
La actuación se produce en medio de las medidas de control y vigilancia que adelanta la CAR ante las alertas por desabastecimiento hídrico que afectan a municipios de su jurisdicción. La entidad busca prevenir actividades que puedan comprometer la calidad del agua, el suelo y el aire.
