La megaobra busca tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las de Soacha. Autoridades nacionales y territoriales reclamaron acelerar los compromisos institucionales para recuperar la cuenca.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pidió fortalecer el debate técnico y la vigilancia institucional sobre la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, considerada una de las obras de saneamiento más importantes del país y fundamental para avanzar en la descontaminación del río Bogotá.
El llamado fue realizado por el director de la entidad, Arturo Piñeros, durante el conversatorio Gestión del Agua en Colombia: lecciones a partir del caso del río Bogotá, en el que representantes del Gobierno Nacional, la administración distrital y la Gobernación de Cundinamarca coincidieron en la necesidad de acelerar las acciones para recuperar esta fuente hídrica y cumplir las órdenes judiciales vigentes.
Piñeros advirtió que un proyecto de esta dimensión requiere seguimiento permanente, discusión técnica y vigilancia sobre las decisiones que se adopten durante su ejecución, debido a sus implicaciones para el saneamiento de toda la cuenca.
PTAR Canoas: una obra clave para Bogotá y Soacha
La PTAR Canoas está diseñada para tratar el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las generadas en Soacha. Tendrá una capacidad promedio de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo, con el propósito de reducir la carga contaminante que llega al río Bogotá.
Durante el encuentro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó que la respuesta institucional frente a la crisis hídrica debe superar el enfoque sancionatorio y avanzar hacia una justicia preventiva y estructural, respaldada por información científica y técnica actualizada.
“La crisis del agua no es un problema del mañana, es un conflicto del presente que mide la eficacia de nuestras leyes y la voluntad de nuestras instituciones”, afirmó.
El magistrado recordó que el deterioro del río Bogotá es resultado de décadas de decisiones institucionales descoordinadas y omisiones administrativas, cuyas consecuencias afectan la salud, las actividades productivas y la calidad de vida de las comunidades asentadas en su cuenca.
Compromisos de Bogotá y Cundinamarca
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que la recuperación del río debe reflejarse en resultados concretos, compromisos institucionales y asignaciones presupuestales. También destacó la importancia de coordinar las acciones entre el Gobierno Nacional, Cundinamarca, Bogotá, los municipios y las autoridades ambientales.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, presentó los avances de su administración en materia de protección ambiental. Entre los resultados mencionó la conservación de 500 hectáreas de predios de importancia ambiental, la incorporación de más de 5.300 hectáreas al programa de pagos por servicios ambientales y la siembra de más de 750.000 árboles.
También informó que el acueducto La Mesa-Anapoima registra un avance de ejecución del 97 % y contempla la instalación de más de 250 kilómetros de tubería para garantizar el suministro de agua a comunidades campesinas.
Rey destacó, además, el acompañamiento de la Gobernación en la estructuración técnica y el cierre financiero de la PTAR Canoas, proyecto liderado por la Alcaldía de Bogotá.
Justicia y cumplimiento de las órdenes judiciales
El ministro de Justicia, Iván Cancino, recordó que la sentencia del Consejo de Estado de 2014 estableció obligaciones de coordinación, planificación y seguimiento para las entidades responsables de la recuperación del río Bogotá.
El funcionario anunció tres líneas de trabajo desde su cartera: fortalecer las casas de justicia de los municipios de la cuenca para facilitar el acceso a mecanismos judiciales, como las acciones populares y las tutelas; incorporar los delitos ambientales y la contaminación de fuentes hídricas entre las prioridades de la política criminal; y promover la formación especializada y la articulación con la Fiscalía y las autoridades ambientales.
Cancino insistió en que las órdenes judiciales deben traducirse en acciones verificables y no quedarse únicamente en documentos o compromisos institucionales.
El conversatorio concluyó con un llamado a acelerar los proyectos de saneamiento, fortalecer la coordinación entre las autoridades y garantizar el seguimiento a las decisiones judiciales y administrativas que buscan recuperar el río Bogotá.
