Exjefe de Función Pública César Manrique, imputado por corrupción en escándalo de la UNGRD

Fiscalía acusa a Manrique de integrar red criminal para desviar recursos públicos mediante contratos irregulares

En el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá comenzó este miércoles la audiencia de imputación de cargos contra César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, por su presunta participación en una red de corrupción que desvió millonarios recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía General de la Nación lo señala como uno de los protagonistas en un entramado que, aprovechando la figura de calamidad pública, direccionó contratos a cambio de sobornos. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, detalló que los delitos habrían ocurrido entre mayo de 2023 y mayo de 2024.

Empresa criminal habría operado bajo liderazgo de altos funcionarios del gobierno

Junto a Manrique, fueron imputadas otras personas clave: Édgar Riveros, Sonia Rocío Romero Hernández, Ana María Riveros, Francisco Estupiñán, Édgar Echeverri y Óscar Enrique Cárdenas. Todos vinculados a adjudicaciones irregulares, en especial al convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por más de 98.000 millones de pesos para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira.

Según la fiscal, los acusados se concertaron con Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos funcionarios de la UNGRD, para montar una “empresa criminal” con el fin de beneficiarse económicamente del direccionamiento de contratos, principalmente en la compra de carrotanques y plantas desalinizadoras.

Sobornos en maletas y designaciones a dedo

Manrique Soacha, de acuerdo con el ente acusador, habría pactado con López la entrega de un cargo clave dentro de la UNGRD a Luis Carlos Barreto como parte de una “cuota política”. Posteriormente, este designó a Édgar Riveros para que definiera qué empresas serían beneficiadas con los contratos.

Los sobornos no solo eran pactados: también se entregaban en maletas con dinero en efectivo. La Fiscalía asegura que César Manrique Soacha habría recibido $3.000 millones en coimas a través de Jorge Aristizábal, un funcionario cercano, con la intermediación de los Riveros.

Oficina de abogados usada como fachada

La firma Office Abogados S.A.S., cuyo rostro visible es Ana María Riveros, hija de Édgar Riveros, fue utilizada para canalizar el dinero proveniente de la Fundación Yapurutú, encargada de ejecutar uno de los contratos irregulares. Esta fundación fue clave para justificar la compra de 40 carrotanques, cuyo costo superó ampliamente los precios de mercado, según las investigaciones.

Favores contractuales y más imputaciones en el Gobierno Petro

Óscar Cárdenas y Sonia Romero también están implicados en la estructuración y evaluación amañada de contratos para favorecer a los miembros de esta red. Cárdenas habría manipulado componentes técnicos en favor de empresas alineadas con el grupo investigado.

Con Manrique Soacha, ya son cuatro altos funcionarios del gobierno Petro imputados por este escándalo: Olmedo López (exdirector de la UNGRD), Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones) y Carlos Ramón González (exjefe del Dapre y de la DNI). A ellos se suma un quinto implicado: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a quien la Fiscalía también anunció que imputará cargos.