Human Rights Watch rechaza envío de casos de “falsos positivos” a la Jurisdicción Especial para la Paz

Como “fraudulenta” fue catalogada por el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la decisión del Juzgado Noveno de Garantías de Bogotá de declararse incompetente para conocer los procesos contra 12 militares investigados por los “falsos positivos” de Soacha.

Las declaraciones de Vivanco se conocieron luego que el Juez Noveno de Garantías se declarara incompetente, tal y como lo había pedido la defensa de los militares, alegando que el caso debe ser conocido por la Jurisdicción Especial para la Paz y no por su despacho.

Para el juez, estos hechos se relacionan con el conflicto armado y por tal razón la Ley 1820 de diciembre de 2016 o Ley de amnistía e indulto, puede aplicarse a los militares juzgados por “falsos positivos”. En la audiencia, la Fiscalía les iba a imputar los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas y municiones.

La decisión de Juez Noveno de Garantías cobija a 12 militares pertenecientes a la brigada móvil # 15, entre ellos al Teniente Coronel Gabriel Rincón Amado, involucrados en la desaparición y homicidio de Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Estiben Valencia Sanabria, quienes  fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combate, dentro del caso de los llamados “falsos positivos”.

Vivanco manifestó que si bien ha habido sentencias en tres de los casos de Soacha, “ha existido un retardo inadmisible al cual se suma esta insólita denegación de justicia para las madres de las víctimas”.

El representante HRW les hizo un llamado a los jueces y a la Fiscalía General para que tomen “todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión del Juez Noveno y evitar que se establezca un nefasto precedente”.

“Falsos positivos”

La decisión del Juez Noveno de Garantías se veía venir, inclusive recientemente el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,  en declaraciones a medios de comunicación había asegurado que todos los casos de “falsos positivos” pasarían a la Jurisdicción Especial para la Paz.

La Fiscalía General de la Nación tiene asignados 2.476 casos por homicidios cometidos por agentes del Estado, de los cuales están abiertos 2.308 casos que corresponden a 4.475 víctimas,  por lo que están vinculados 5.137 personas de la Fuerza Pública.

Hasta la fecha han sido condenados 923 uniformados, de ellos 862 pertenecen al Ejército y se clasifican en: Cuatro coroneles, tres tenientes coroneles, 10 mayores, 22 capitanes, 68 tenientes, 48 sargentos, 67 cabos, dos dragoneantes, 562 soldado y tres uniformados más de quienes aún no se ha establecido el rango.

De la Armada fueron condenados nueve con los siguientes rangos: tres tenientes, un sargento, un cabo, y cuatro Infantes de Marina; mientras que en la Policía Nacional son 11 los condenados: dos agentes, cinco intendentes, dos tenientes y dos mayores.

La Fiscalía General de la Nación investiga por los “falsos positivos” a los generales retirados del Ejército, Mario Montoya, Ricardo Andrés Bernal Mendiola, Jorge Arturo Salgado Restrepo y Henry William Torres Escalante.

De acuerdo con la Fiscalía, el total de investigados corresponde a 1.573 miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes.

Otros son suboficiales y soldados. En la Armada, las investigaciones de la Fiscalía afecta a un total de 89 uniformados, entre los que aparecen en los registros un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios suboficiales y soldados, en la Policía Nacional los investigados son 56.

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