La Contraloría detectó detrimento patrimonial por $22.422 millones en la construcción de las sedes judiciales de Soacha y Zipaquirá

Una Auditoría Financiera que practicó la Contraloría General de la Nación al Consejo Superior de la Judicatura, elevó a detrimento patrimonial los $13.488 millones invertidos en el Palacio Judicial de Soacha (Cundinamarca), que se terminó sin que le suministraran servicios públicos y no tiene además vías de acceso, por lo que no se ha podido poner al servicio de la comunidad.

Es tan delicada la situación, que en el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos ($13.448 millones) fueron elevados a daño patrimonial.

Las obras de la sede judicial de Soacha ya fueron finalizadas, pero el edificio no cuenta con suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto realizada en coordinación con la Alcaldía Municipal,  lo cual ha llevado a que no pueda ser puesta al servicio del público en el mediano plazo.

Y si la sede judicial de Soacha tiene todos los visos de un “Elefante Blanco”, la de Zipaquirá, también en Cundinamarca, no se queda atrás: las fallas constructivas que tiene requieren nuevas inversiones, para que pueda funcionar, por lo que la Contraloría abrió una indagación preliminar con el objeto de cuantificar el posible daño fiscal de las obras adelantadas y las que se requieren.

En el caso de la sede judicial del municipio de Zipaquirá, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la Contraloría, concluyeron que las fallas constructivas existentes impiden poner al servicio la obra.

Para suplir las fallas iniciales de este segundo proyecto se requieren nuevas inversiones, lo que motivó la apertura de una indagación preliminar para cuantificar el posible daño fiscal de las obras iniciales y de las nuevas que sea preciso adelantar.

El informe de auditoría revela que se invirtieron $22.422 millones  en la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Soacha y Zipaquirá, y a pesar de haber sido cancelados en su totalidad, no han entregado al servicio de la comunidad las instalaciones necesarias para la prestación del servicio de justicia.

Hoy estas obras son muestra de un completo desgreño administrativo y confirman la auditoría financiera que se realizó al Consejo Superior de la Judicatura donde se encontró que no se han aplicado correctivos, pues  siguen siendo serias las fallas en la planeación de las inversiones y son débiles las tareas de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.

Un factor de riesgo que afecta a la comunidad

Los dos hallazgos detectados en los casos de Soacha y Zipaquirá no solo comprometen los resultados esperados en la inversión de $22.421 millones, sino que afectan la posibilidad de que las comunidades de estos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia, ante la imposibilidad de contar con las sedes construidas para tal fin.

“Se trata de una situación que se convierte en un factor de riesgo para el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, como es proveer servicios de justicia para la ciudadanía con oportunidad y eficacia”, comentó al respecto el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Se confirma la deficiente gestión contractual del CSJ

Las pruebas adelantadas en desarrollo de la Auditoría Financiera realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, a la gestión fiscal del Consejo Superior de la Judicatura para la vigencia fiscal 2017, ratificaron las observaciones hechas en un estudio sectorial sobre los proyectos de inversión en la Rama Judicial, publicado por la Contraloría en febrero de 2018[1].

El estudio mencionado concluyó que los proyectos de inversión del Consejo Superior de la Judicatura relacionados con la construcción de infraestructura, eran los que tenían menores avances presupuestales y físicos.

La intención de este análisis fue  evaluar la gestión presupuestal de la Rama Judicial y su capacidad para resolver los problemas de la administración de justicia en Colombia y la conclusión fue desoladora:

En el período 2013-2016 se destinaron $402.259 millones para los proyectos de infraestructura y se tuvieron avances físicos inferiores al 50% anual, lo cual se traduce en retrasos en la culminación de estos proyectos y afectación de las condiciones necesarias para la prestación adecuada de los servicios de justicia en el país.

Quedó claro, entonces, que la deficiente gestión contractual del Consejo Superior de la Judicatura en materia de infraestructura, abarcaba desde la planeación de las inversiones hasta la débil labor de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.

Sin embargo, los resultados de la Auditoría Financiera realizada a esta entidad (sobre la vigencia 2017), confirman que lejos de adoptarse correctivos a las situaciones señaladas, eventos tales como retrasos en la ejecución de los contratos y deficiencias en planeación de los proyectos, afectan negativamente los resultados esperados en las inversiones hechas por la Rama Judicial en infraestructura.

[1] Ver Boletin-Macrosectorial-12

Julio 4 de 2018